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El Consejo de Estado sugiere que los municipios mantengan competencias en sanidad y educación

AGENCIAS.- El Consejo de Estado sugiere que los municipios puedan mantener las competencias en sanidad, educación y servicios sociales que han venido ejerciendo y que les retira el anteproyecto de reforma de la administración local, que las devuelve a las autonomías, y pide «valorar la posibilidad» de que esas competencias «sigan siendo prestadas por ellos como competencias impropias.

Así se recoge en el informe emitido por el Consejo sobre la reforma local que prepara el Gobierno y al que ha tenido acceso Europa Press. En su propuesta, el Ejecutivo «impone» que las competencias municipales sobre la salud, la educación y los servicios sociales serán traspasadas a las Comunidades Autónomas, porque son estas las titulares originarias de esta materias. Así se regula en las disposiciones transitorias novena y undécima, un asunto ha sido cuestionado por muchas autonomías.

El órgano consultivo explica que le corresponde al Estado definir «con carácter básico» las competencias locales, que puede ampliar o disminuir, y que son las CCAA las que deben «ajustar su esquema competencial», por lo que acepta la regulación prevista por la reforma.

Sin embargo, advierte a continuación de que aunque puede parecer «lógico» que esas competencias vuelvan a las comunidades, esta no tiene por qué ser la única posibilidad y dice que la propia reforma admitiría que los municipios las mantengan.

Por ejemplo, «pueden sin duda ejercerlas como (competencias) delegadas» según la nueva regulación, «y pueden también hacerlo como competencias impropias» si se cumplen los requisitos que la propia norma establece a partir de ahora. «Si se considera oportuno, podría condicionarse dicha posibilidad a un acuerdo al respecto entre el municipio y la Comunidad Autónoma», se añade en el informe.

Y advierte el Consejo de que en este caso no se aplica uno de los principios que rigen toda la ley, el cumplimiento estricto de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; es decir, que estas competencias podrían seguir en manos municipales si las prestan «de manera eficaz y eficiente», posibilidad que sin embargo no se contempla.

Anteproyecto

El Consejo de Estado aprobó la pasada semana el informe que le había pedido el Gobierno sobre el anteproyecto de reforma de la administración local. En él, advierte al Gobierno de que su propuesta puede ser inconstitucional por reducir «en exceso» la autonomía local y critica la regulación del llamado coste estándar, porque es «tan amplia y carente de parámetros legales» que puede casi «considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno».

Este informe, preceptivo pero no vinculante, se encuentra en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que debe llevar al Consejo de Ministros el definitivo proyecto de ley. Se espera que lo haga este mes y que el debate en las Cortes comience en septiembre.

En su informe, el Consejo de Estado también repasa la regulación de las llamadas competencias impropias, aquellas que son diferentes de las competencias propias y de las atribuidas por delegación a las entidades locales.

El órgano consultivo censura esta denominación porque a su juicio no puede ser consagrada legalmente. «No parece apropiado acudir a dicha expresión», asegura, y propone fórmulas como «competencias atribuidas o por atribución» o «competencias distintas de las propias y de las delegadas».

Al margen de esta censura formal, el Consejo de Estado avala también aquí la capacidad constitucional que tiene el Estado para redefinir la lista de competencias municipales y de hacerlo «de forma exhaustiva y aparentemente cerrada».

«No cabe objetar que el Estado lleve a cabo una reducción del ámbito competencial de los municipios», siempre que se respete «el núcleo básico e intangible que define la autonomía local». Si las comunidades se ven afectadas, se agrega de nuevo aquí, deberán introducir en sus ordenamientos jurídicos «los ajustes necesarios».

Retribuciones

El Consejo también repasa otro asunto que ha suscitado igualmente muchas críticas, el régimen aplicable a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, entre los que vuelven a encontrarse los interventores municipales.

La propuesta del Gobierno supone que los puestos de trabajo en la administración local y en sus organismos autónomos serán cubiertos por funcionarios y concede al Estado más peso al determinar los méritos en los concursos y en el régimen disciplinario. En general, el Consejo segura que le corresponde al Estado regular este asunto, aunque admite «descompensación» en los méritos que cada administración puede asignar en los concursos de funcionarios.

La reforma del Gobierno impone varias exigencias para la libre designación de quien ejerza las funciones de intervención-tesorería: Deberá tener la «autorización expresa» del Estado tanto para ser designado como para su cese.

Aunque este asunto ha recibido muchas críticas, el Consejo de Estado subraya que el actual Estatuto Básico del Empleado Público «ya prevé en términos prácticamente coincidentes» estas exigencias e insiste en que el Estado tiene competencia para determinar el régimen básico de estos funcionarios, por lo que no se puede criticar la propuesta.

Cabe añadir también que el Consejo de Estado considera en general «adecuado» el contenido de la disposición que limita las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo de miembros de los órganos de gobierno.

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