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El PSOE pide al Estado que no rescinda el convenio de carreteras en Canarias

AGENCIAS.-El Grupo Parlamentario Socialista llevará al próximo pleno una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno de Canarias que continúe realizando todas las gestiones necesarias ante el Estado para garantizar el cumplimiento y mantenimiento del convenio de carreteras.

Mediante esta proposición, que será defendida por el diputado Julio Cruz, se pide a los demás grupos que muestren su rechazo a la rescisión del convenio, considerando su ejecución «prioritaria y estratégica» para el desarrollo económico y social de las islas, así como para la cohesión territorial de Canarias.

El diputado ha señalado que el convenio de carreteras ha supuesto en sus casi veinte años de ejecución un avance «importantísimo» en materia de infraestructuras viarias para todas las islas, contribuyendo «de forma significativa» a la cohesión territorial del archipiélago».

Añadió, además, que la reducción económica operada «de forma unilateral y sin previo aviso ni negociación» por el Gobierno del PP ha supuesto un ajuste de 291 millones de euros en los últimos dos años, pasando de 207 a 68 millones en 2012 (-67%) y de 207 a 54 millones en 2013 (-74%).

Julio Cruz ha subrayado que este recorte se ha venido materializando sin tener en cuenta las obligaciones contraídas por el Gobierno de Canarias con terceros para realizar las obras que estaban siendo objeto de ejecución, y ha advertido de que podrá derivar en el abono de indemnizaciones «copiosas» con cargo a los presupuestos autonómico y en la paralización de las obras viarias de las islas.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, pese a las reivindicaciones del Gobierno de Canarias y del resto de administraciones isleñas, algunas ante la Audiencia Nacional, el Gobierno de España, «lejos de tratar de reconducir la situación, está haciendo todo lo posible por impedir solucionarla».

Por último, ha señalado que el anuncio de Fomento de invertir 1.300 millones de euros en las carreteras peninsulares mientras estudia la resolución del convenio con Canarias «resulta de una gravedad extrema para los intereses del archipiélago y supone un retroceso de casi veinte años en las relaciones Canarias-Estado».

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