Elblogoferoz.- “En Canarias hemos conseguido que las desigualdades sociales tengan menos consecuencias en el rendimiento académico de nuestro alumnado que en cualquier otra comunidad autónoma”, afirmó el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado ayer, respondiendo a una comparecencia instada por los grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario.
Según el titular de Educación, Canarias ha puesto un gran empeño en advertir al Ministerio de algunas de las consecuencias negativas de los cambios que propone la LOMCE, por carecer de fundamentación científica “y no estar avalados por ningún sistema educativo de referencia.” Pérez continuó diciendo que el nuevo sistema educativo nace bajo el auspicio de una cultura del esfuerzo que esconde, en realidad, “una cultura que culpabiliza al alumnado ignorando sus circunstancias.”
Para José Miguel Pérez, el actual sistema educativo es un buen sistema que podría ser mejorado sin cambios estructurales, pero “con el sistema del rodillo pretenden imporner un sistema que acabará con la equidad del sistema educativo, porque justifica la desigualdad, castiga a las familias más desfavorecidas y hace de la competitividad el motor de las posibles mejoras.”
En cuanto a la memoria justificativa, Pérez resaltó que los cambios referentes a la ratio y al horario del profesorado que el Gobierno del Estado había presentado como “medidas circunstanciales”, se convertirán en estructurales, “y ahora sabemos que en el nuevo sistema educativo la ratio profesor/alumno será de 30 alumnos y que el horario del profesorado será el que fijó el Real Decreto”.
Memoria económica
José Miguel Pérez declaró, asimismo, que el nuevo sistema educativo resultará “insostenible”, ya que carga íntegramente sobre las comunidades autónomas un coste financiero próximo a los 500 millones de euros, cuando la administración central anuncia para los próximos años una reducción de un punto en la inversión en educación “dejándola en el nivel más bajo de las últimas décadas.”
En su exposición, el consejero de Educación demostró que los cálculos aportados por el Ministerio en la parte económica de la memoria justificativa de la Ley, están “basados en datos e hipótesis erróneas sin consistencia metodológica” y que desde el Gobierno del Estado “quieren embarcarnos en un cambio normativo innecesario sin tener ni siquiera claro cuánto va a costar ni las repercusiones que va a tener”.
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