AGENCIAS.- La Comisión Europea ha resaltado este miércoles que el Gobierno de Mariano Rajoy está dando los «pasos correctos» para corregir los desequilibrios excesivos de la economía española y ha sugerido que no prevé avanzar el próximo 29 de mayo en el procedimiento sancionador contra España ni imponerle una vigilancia reforzada.
«No se ha tomado ninguna decisión (sobre las sanciones), pero ésta es la indicación que dio el vicepresidente (de Asuntos Económicos), Olli Rehn el lunes», ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor.
«Creo que está bastante clara y les aconsejo que le escuchen a él en lugar de a fuentes anónimas», ha agregado, en referencia a las informaciones que aseguran que Bruselas abrirá un procedimiento por desequilibrios excesivos contra España a finales de mes.
«España está dando en general los pasos correctos para crear las condiciones para una recuperación sostenible y la reducción de sus niveles de paro inaceptablemente altos», ha insistido el portavoz, que se ha hecho eco de la declaración que hizo el vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, el pasado lunes tras el Eurogrupo.
El Ejecutivo comunitario considera en su análisis preliminar -según ha subrayado O’Connor- que el plan de reformas aprobado por el Gobierno español el 26 de abril «constituye una respuesta política completa con una serie de propuestas concretas y calendarios en general bien detallados».
«Es muy importante que España avance en las reformas estructurales valientes y en una consolidación fiscal coherente», ha apuntado el portavoz.
El primer análisis de la Comisión sobre el plan de reformas del Gobierno de Mariano Rajoy es «bastante positivo» y sus intenciones «para nada van en ese sentido» de expedientar a España por desequilibrios excesivos, según han explicado fuentes comunitarias.
El dictamen final de Bruselas no se conocerá hasta el 29 de mayo. Aunque el Ejecutivo comunitario no avance en el procedimiento sancionador contra España, publicará un análisis completo del plan de reformas y también recomendaciones de política económica. Si finalmente se confirma el expediente, España se enfrentaría a multas de hasta el 0,1% del PIB (1.000 millones de euros).
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