Elblogoferoz.- El Gobierno de Canarias autorizó ayer en Consejo de Gobierno la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Cabildo de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante global que asciende a 24.005.785 euros.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.
El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.
En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones públicas implicadas.
Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011 y 2012 con los siete cabildos para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.
Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.
El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en su integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.
El Cabildo, satisfecho
Tras este acuerdo, el vicepresidente primero y consejero de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, ha mostrado su satisfacción por la aprobación del convenio de Dependencia “porque por fin da una respuesta a las corporaciones insulares, a las entidades, y a quienes verdaderamente necesitaban este convenio, que las personas en situación de dependencia, los mayores y los discapacitados”. Abreu está convencido de que “la presión que hemos ejercido ha dado sus frutos”.
No obstante, el vicepresidente insular asegura que “todos los cabildos, y des luego también el Cabildo de Tenerife, seguiremos dando batalla para conseguir un marco financiero estable, con plazos más razonables que los que actualmente tenemos”. Así pues, aunque la firma en mayo del convenio de 2013 es un avance con respecto al año anterior (cuando se firmó en septiembre), Aurelio Abreu considera que “las necesidades de las personas en situación de dependencia no se ajustan a ningún calendario, son constantes y necesitan una respuesta inmediata”. Por ello, asegura, “seguiremos trabajando para hacer entender a la Consejería de Política Social la importancia de disponer de un convenio acordado y firmado a 1 de enero, porque no podemos seguir poniendo en riesgo la atención a estas personas”.
El vicepresidente del Cabildo aboga por un sistema que garantice a los cabildos y, por tanto a las entidades, un cobro bimensual, “que no las obligue a recurrir a pólizas de crédito a las que luego no pueden hacer frente”. Abreu espera que “podamos hallar la fórmula, aunque el panorama sea sombrío por culpa de los durísimos recortes en materia de Dependencia que ha aprobado el Gobierno de España”. Como se recordará, a finales de abril el Ejecutivo aprobó un recorte en la financiación de la Dependencia superior a mil millones para este ejercicio.
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