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¿Educación? ¿Quién dijo eso? Por Jafet Barreto

Como ya viene siendo costumbre año tras año, convivimos con datos nada alentadores en materia educativa en boca de los máximos responsables de nuestro Gobierno. Pero, más allá del «lloriqueo», del cinismo de algunos políticos y aceptando que somos uno de los países de la UE con mayor porcentaje en fracaso escolar, yo me pregunto: ¿Es que los españoles somos los más «tontos»? Desde luego que las cifras no invitan al optimismo, pero, a pesar de lo abrumador de la realidad, hay que intentar ir más allá; ver, por ejemplo, que somos también de los que menos invertimos del PIB en educación. Revelador, ¿no?

A estas alturas del partido creo que ya a nadie se le escapa que la lucha contra el fracaso escolar comienza por un incremento drástico del gasto público en educación. Es más, considero que no es de ser aventurado el afirmar que, para paliar las deficiencias del sistema educativo, hoy por hoy, se tendría que dedicar el 7% del PIB a la enseñanza pública.

Abordando el meollo de la cuestión y como primera medida a tomar, apremia la necesidad de contratar más profesionales en colegios e institutos que, entre otras cuestiones, permita reducir el número de alumnos por maestro/profesor e impulse una enseñanza más individualizada.

Por otra parte, pero no menos importante, es vital emprender una serie de acciones que vayan en busca de erradicar el déficit de inversión del que, en la actualidad, partimos en relación con los países más avanzados. No lo digo sólo yo, sino es ya dato más que barajado y, si me apuran, cotejado, confirmado… el que apunta que, si pretendemos algún día podernos equiparar a dichos países, habría que destinar, durante dos años y de forma íntegra, 6 mil millones de euros a la inversión en nuevos centros educativos, en el incremento en la cuantía y en el número de beneficiarios de becas, en la mejora de instalaciones e infraestructuras, etc.

Como colofón, no sería una utopía la puesta en marcha de una serie de medidas sociales que, sin duda, contribuirían a mejorar la realidad educativa, como es el aumento en la dotación, en barrios y ciudades, de equipamientos culturales públicos.

Y si, como se suele decir, «al pan, pan y al vino, vino», evitando así pecar de «irme por los cerros de Úbeda», pues bien, amigos, en Canarias, la política de recortes agresiva emprendida por parte de la Consejería de Educación y que hemos ido sufriendo a lo largo de estos años va encaminada a desmantelar la educación pública canaria. Consecuencia de ello es, sin irnos muy lejos y empezando por nuestra casa, el cuanto menos bochornoso y dramático espectáculo que hemos tenido que presenciar en La Palma y que nos ha ofrecido el inicio del curso escolar, en el que alumnos, padres y profesores se sintieron en la obligación y en el derecho moral de lanzarse a la calle en su variante de concentración masiva por del derecho a la educación.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, y sus compañeros de pacto nacionalistas, lejos de comprender que ésta es un servicio primordial en toda sociedad democrática que contribuye a la igualdad de oportunidades, la cohesión social y consolida el tan anhelado estado de bienestar, sigue apostando por la línea de recortes salvajes que, desde tiempos históricos, ha ido padeciendo nuestra Comunidad Autónoma.

Como resultado inmediato, el gran deterioro de nuestro sistema, en el que la disminución del número de docentes en plantilla; la generalización del aumento de ratios; las carencias en la construcción y rehabilitación de centros de Infantil, Primaria y Secundaria; la caracterización de la oferta de comedor como un servicio que no cubre las demandas de las familias; la reducción de la optatividad en la ESO y Bachillerato y supresión de modalidades de Bachillerato; lo casi ya inexistente de la oferta idiomática; el desmantelamiento y privatización de la Formación Profesional y la imposición de un Plan de sustituciones que desatiende al alumnado y sobrecarga al profesorado son, tan sólo, algunos de los grandes problemas que, muy a nuestro pesar, se palpan hoy en día en nuestra mala educación pública.

Señores, si es que no se está pidiendo nada del otro mundo. Simple y llanamente, solicitamos, no, exigimos que la clase política garantice el cumplimiento del derecho a la educación pública, pero una educación pública de calidad, en la que no se continúe con la reducción constante de los presupuestos educativos, sino que fije sólidas bases que posibiliten la mejor formación de los canarios, entiéndase con ello infancia, juventud y personas adultas con dichas necesidades. El resultado es claro, si no se desestima en gastos en educación, tendremos una sociedad más preparada y con mejores expectativas de desarrollo en el futuro.

 

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