FIRMAS Salvador García

Servicios Sociales amenazados. Por Salvador García Llanos

Si el próximo viernes se adivina fatídico, con un nuevo paquete de medidas gubernamentales que contiene, según se anuncia, más restricciones en los órdenes laboral y fiscal, en los mercados internos de bienes y servicios y hasta en las pensiones, esperemos que no lo sea más si también tuviera luz verde la nueva Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De esa reforma sigue muy pendiente el municipalismo que ya ha expresado su disconformidad -incluso el sector conservador- sustanciada en el caso canario por la incomprensible y reprobable omisión inicial del hecho diferencial y de los cabildos.

Pero el flanco más delicado de esta pretendida y necesaria reforma del régimen local español estriba en los servicios sociales. Privatización o desaparición: esa es la disyuntiva a la que parecen abocados quienes desde los ayuntamientos vislumbran un panorama desolador. Según la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, en cuya elaboración interviene el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 98% de la ciudadanía española tiene acceso a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Unos siete millones de personas se benefician anualmente de estos servicios que canalizan y prestan unas cincuenta mil personas. La nueva norma propiciará la eliminación de los servicios sociales en los municipios con menos de veinte mil habitantes, en tanto que serán las Diputaciones provinciales las que asumirán la competencia de esta materia en aquellos casos donde no desaparezca. La destrucción de empleo, pues, parece inevitable. Aunque, eso sí, la consiguiente privatización en forma de concesión administrativa conllevará afirmaciones en sentido contrario: al revés, se dirá, se crearán tantos puestos de trabajo directos o indirectos.

Hablamos de ayuda a domicilio para dependientes, transporte escolar, teleasistencia, acogimiento a personas en riesgo o situación de exclusión social, talleres ocupacionales, asistencia intermedia… Esos son, entre otros, servicios sociales. Habrá que preguntarse qué será de los profesionales y de las redes que los han ideado y los gestionan. También los grandes municipios se verán afectados pues, además de la supresión de buena parte de las competencias, el Estado se reserva la capacidad de fijar el coste estándar de los servicios que puedan seguir prestando, sin atender, claro, las especificidades de los municipios, lo cual se traduce en una disminución considerable de los recursos que las instituciones locales dedicarán a las prestaciones sociales.

A la espera de los resultados finales de la tramitación de la norma -ojalá no veamos otra demostración de la mayoría absolutista- el municipalismo debe ser consciente del vuelco que significará esta nueva modalidad. Ese debe ser el temor de los propios alcaldes del Partido Popular que han experimentado -y experimentan- lo que significa la atención a los administrados en aquellos casos de apremiante o acuciante necesidad. Ahí duele: cuando hay que dar una solución desde la proximidad sin color político sino con intención clara de resolver un problema. Cuando el economicismo y el negocio priman sobre la sensibilidad y las personas, es que la sociedad se derrumba.

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