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Canarias prevé financiar expropiaciones con multas a inmobiliarias o bancos que no declaren viviendas vacías

AGENCIAS.-El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha incidido este jueves en que el proyecto de ley para la modificación de la Ley Canaria de Vivienda destinado a frenar los desahucios en el archipiélago se encuentra en una fase inicial pero se prevé que esta medida se pueda financiar con las sanciones que se establecerán para las entidades inmobiliarias o financieras «cuyas viviendas vacías no hayan sido declaradas».

Asimismo, también se prevé financiar, por otra parte, con los intereses que generen las fianzas que se deriven del alquiler de las  viviendas en general porque, matizó, que dicha fianza hay que depositarla en una administración pública aunque reconoció que esto actualmente «como norma general no estaba ocurriendo».

De todos modos, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de previsiones que son «susceptibles de mejorar o ampliarse».

Marrero afirmó que el Gobierno de Canarias «garantiza que se cubrirá presupuestariamente las cantidades que las familias no puedan atender» aunque las familias afectadas con renta deberán abonar una cantidad que, «en ningún caso, supere el 25 por ciento de su renta familiar», y el resto se financiará previsiblemente con los recursos públicos ya expuestos.

Agregó que para las familias que no tengan ingresos, lo cubrirá la comunidad autónoma.

Así, incidió en que el objetivo de la modificación de la norma está en «fomentar el alquiler de las casas vacías y aplicar medidas para evitar desahucios a las familias que se encuentren en situación de emergencia social».

Y para frenar esos desahucios, apuntó, el Gobierno autonómico podrá ejecutar expropiaciones del uso de la vivienda de entidades inmobiliarias y financieras, no de personas físicas, «durante tres años, estableciendo un justiprecio».

Cuestionado por cuándo se prevé que esta medida se pueda aplicar, indicó que debe comenzar el trámite parlamentario, por lo que se espera que como «muy tarde» se apruebe en las sesiones de la cámara tras el verano.

Expedientes

El portavoz del Gobierno de Canarias reconoció que se trata de una medida que suscita opiniones porque se «está plantando cara al poder financiero» y en un país en el que el objetivo del Gobierno central «es que hay que salvar a la banca y dejar a la deriva a los ciudadanos».

Sin embargo, ha incidido en que se trata de una acción, la de Canarias, que es similar a la de la Junta de Andalucía, que «va ligada directamente a los desahucios, no es expropiar por expropiar».

Así, recordó que el pasado año se produjeron en el archipiélago 2.400 desahucios y actualmente hay 9.400 expedientes de desahucios pendientes, además de 138.000 viviendas familias.

Finalmente, puntualizó que el Gobierno regional «en ningún modo quiere criminalizar a las inmobiliarias», ya que se trata de una medida que «no va en contra de nadie». Por ello, consideró que cualquier propuesta que reciba el Ejecutivo canario, como la de la patronal de los constructores, que esté destinada a resolver el problema, «será escuchada».

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