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Los desahuciados merecen soluciones, no insultos. Por Paulino Rivero

Hace años, cuando apenas habían comenzado a aflorar los primeros síntomas de la crisis económica, en el Gobierno de Canarias nos marcamos como objetivo irrenunciable -como compromiso que mantenemos en lo alto de nuestra agenda- levantar un muro de protección para amortiguar el impacto de las dificultades en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Desde el primer momento nos planteamos medidas que tenían por objeto prestar ayuda a las personas con mayor riesgo de exclusión social. Convencidos de que hay que emplearse a fondo para evitar una ruptura en la cohesión social de las Islas, pusimos el acento en la salvaguarda de los servicios públicos esenciales –sanidad, educación, políticas sociales- y en la adopción de medidas de carácter urgente para reducir –dentro de nuestras posibilidades, pues el margen de maniobra de las comunidades autónomas es muy estrecho- el impacto de la crisis en las familias con menos recursos.

Ahora que la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional han desmentido tajantemente las previsiones del Gobierno del Estado sobre crecimiento, paro y déficit –muy lejos del espejismo de mejoría que alimenta el PP, la realidad es que sus políticas están provocando más pobreza y menos empleo-, es una obligación política y moral abordar y buscar respuestas a una de las manifestaciones más dolorosas de la crisis: los desahucios.

Mientras el PP dedica todas sus energías a desprestigiar a colectivos y particulares que exigen soluciones razonables y solidaridad frente a los desahucios –en el objetivo evidente de generar confusión y distraer a la opinión pública para que se hable de esto y no de otras cosas que les duelen más-, en Canarias hace meses que venimos estudiando posibles fórmulas.

En ello estamos, y en breve daremos a conocer las medidas que activaremos. Hay quien pide que avancemos a mayor velocidad, pero anteponemos la seguridad jurídica y la viabilidad técnica, aunque en ese afán tardemos algo más de lo que quisiéramos.

En este orden de cosas, y en la idea de hacer las cosas bien, conviene recordar algunas de las medidas que pusimos en marcha hace ya cinco años.

En 2008, conscientes de que las situaciones de crisis atacan con mayor virulencia a quienes menos tienen, consignamos cuatro millones de euros para ayudas de emergencia social –y al año siguiente otros 5,4 millones de euros-. Casi diez millones de euros que se canalizaron a través de los ayuntamientos -de los departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos- y que evitaron en su momento que muchas familias canarias se vieran abocadas a la exclusión social por no poder pagar los recibos de la luz, el agua o el alquiler de sus viviendas.

Pretendimos proteger uno de los mayores bienes de cualquier familia, su hogar.

Cinco años después estamos dando otros pasos al frente para que ese muro de protección al que aludí no caiga por la fuerza de las ejecuciones hipotecarias.

Los desahucios son una de las caras más terribles de la crisis, sobre los que debemos actuar con todos los mecanismos legales a nuestro alcance -actuales o futuros-.

Los gobernantes tenemos el deber moral –así al menos lo entendemos en el Gobierno de Canarias- de estudiar todas las medidas posibles para evitar este drama. En esa dirección, el decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda es un paso especialmente interesante, que conviene estudiar con detenimiento en todos sus términos.

Antes y después del anuncio de Andalucía hemos estado trabajando y trabajamos en Canarias con la intención de aplicar medidas que protejan a los propietarios de viviendas en peligro de exclusión social.

Tenemos la obligación de estudiar, analizar y promover acciones que, amparadas en la legislación, impidan ejecuciones hipotecarias de personas con escasos recursos.

Se trata de un asunto especialmente delicado – no en vano pueden entrar en colisión diferentes derechos- por lo que es necesario actuar con diligencia para no dar ningún paso en falso.

La sociedad está demandando de sus representantes públicos una determinación clara para dar respuesta a este enorme problema. Debemos poner sobre la mesa todas las alternativas posibles para evitar que miles de personas caigan en la marginalidad y la exclusión social.

El Gobierno que presido está muy atento a esta triste realidad. Pondremos sobre la mesa una propuesta que amortigüe el impacto de los desahucios en las familias y en la cohesión social del Archipiélago.

Con sensibilidad social y con el adecuado rigor técnico y jurídico. Apostando por la justicia social, poniéndolos del lado de la parte más frágil.

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