Elblogoferoz.-Todos los grupos políticos con representación parlamentaria en Canarias han concluido que el nuevo texto de la Ley de Costas, que está en proceso de tramitación aún, debería contemplar la singularidad y excepcionalidad del Archipiélago por tratarse de la comunidad autónoma con más kilómetros de zonas costeras.
Así se desprendió en la mesa redonda que sobre la Ley de Costas y sus modificaciones tuvo lugar ayer en el Parlamento de Canarias, organizada por la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), que preside el abogado José Luis Langa González, con la cooperación de la Fundación Derecho, Sociedad y Cultura del Colegio Notarial de Canarias.
La primera intervención corrió a cargo de Luz Marina Socas, representante de CCN y senadora por Santa Cruz de Tenerife, quien pidió una moratoria para aquellas zonas urbanas que tengan ya órdenes de derribo, pues hay núcleos en los que hay casas “con más de un siglo de antigüedad”. Socas indicó que es preciso que “el Gobierno de Canarias retome el censo de núcleos afectados que nunca se ha terminado de realizar” y añadió que “hay que tener en cuenta que, según los últimos datos, más de un dos por ciento de las zonas costeras están afectadas”.
Seguidamente tomó la palabra el senador de CC por El Hierro, Narvay Quintero, quien indicó que Canarias necesita, más que nunca, las competencias en Costas dada la situación actual y que la nueva ley “es posible que incumpla algunas normativas europeas”. Explicó que su grupo político presentó diecinueve enmiendas y que no es entendible que en el nuevo texto se amnistíen zonas de la península y otras islas y no se tenga en cuenta a Canarias.
Juan Jesús Ayala, del PNC, apuntó también es este sentido, y dijo que “lo ideal sería que algunos territorios canarios sean indultados en la nueva ley” y agregó que en el actual texto hay “una especie de expropiación con afán recaudatorio, sin compensaciones ni indemnizaciones” y, asimismo, pidió consenso entre las fuerzas políticas canarias para lograr mejoras para la región.
Por su parte, María de Aro, senadora por La Palma del PP, aclaró que desde su formación política se tiene el ánimo dialogante para lograr mejoras y recordó que se han presentado más de 180 enmiendas en el Senado al actual texto en debate y “algunas si tienen que ver con Canarias”. De hecho, recordó la enmienda 182 que, matizó, fue mejorada en su primer texto y que flexibiliza la servidumbre pública para aquellas zonas que demuestren que cuentan con servicios urbanos.
La senadora del PP agregó que “ningún grupo político ha pedido en sus enmiendas que se incluya Canarias en los textos como una excepcionalidad” y recordó que “el Gobierno de Canarias no ha realizado el censo de núcleos afectados, pedido en 2009”.
Recaudatorio
Julio Cruz, en nombre del PSOE, indicó que la actual ley “en su primera parte, tiene objeto recaudatorio” y que se ha llevado a cabo “sin consultar con el Gobierno de Canarias, ni con las asociaciones afectadas”. Cruz aseguró que, puesto que es difícil pedir competencias en Costas para Canarias ya que no se contempla en el Estatuto de Autonomía, “la solución más realista e inmediata sería una la creación de comisión mixta para cogestionar las Costas entre el Estado y Canarias”.
Finalmente, el presidente de Pclac, José Luis Langa González, cerró el debate arguyendo que “está claro que todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo en que hay que luchar para mejorar el texto que aún está en proceso de aprobación”, y “ahora es el momento de poder hacerlo si hay consenso entre todas las fuerzas políticas canarias”, agregó.
Langa González indicó que las conclusiones de esta mesa redonda serán trasladadas a todas las instancias pertinentes, entre ellas los ayuntamientos canarios, los cabildos insulares, el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Costas del Estado.
La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas es una asociación sin ánimo de lucro que representa a todas aquellas personas perjudicadas por la aplicación de esta norma, que está llevando a cabo acciones para lograr que los núcleos urbanos consolidados de Canarias no desaparezcan y que defiende la historia, la cultura y la idiosincrasia de esta región.
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