FIRMAS Salvador García

Mentir en campaña. Por Salvador García Llanos

Entre otros factores del desencanto político y de la desafección que demuestra la población hacia la política, hay que consignar los incumplimientos de las ofertas programáticas, popularmente promesas, de candidaturas electorales.

Es la propia política la que tiene que parir ideas y producir alternativas que permitan superar ese estado cada vez más preocupante de rechazo y cuya máxima expresión converge en el “Todos son iguales”. Más política, se decía hace unos meses, cuando la crisis económica en la Unión Europea amenazaba no sólo con llevarse por delante a gobernantes sino al mismísimo euro. Se pensó en la tecnocracia como panacea pero ya se han visto en Italia los resultados: la contención del gasto, elevada al austericidio, no resuelve. Al revés, complica. Menos para bancos y grandes poderes económico-financieros.

El caso es que en España se produjo un gigantesco fraude electoral, con el consiguiente aumento de la incredulidad no solo hacia el partido gubernamental sino hacia la oposición. La similitud de porcentajes en diversas encuestas es significativa. Amplios sectores ciudadanos han perdido la fe, ya no tienen referencias a las que asirse, hasta el sistema se tambalea y genera una crisis de institucionalidad.

Desde Holanda llegan noticias en el sentido de que está prohibido mentir en campaña electoral. Que no se puede anunciar pleno empleo para que, al término de la legislatura, se incremente en cientos de miles el número de parados. O que el IVA no experimentará incremento y a los pocos meses el Gobierno haga todo lo contrario.

Los holandeses han creado una suerte de auditoría externa de programas electorales, si se quiere, una especie de detector de mentiras que escrutará los contenidos de aquéllos y expondrá públicamente sus conclusiones. Se trata de la Oficina Central de Planificación, organismo dependiente del Ministerio de Economía que, en tiempos electorales, elabora informes y estadísticas por iniciativa propia, a petición del Gobierno o del Parlamento o de cualquier otro organismo oficial. Se asegura que su trabajo es muy útil para muchos votantes indecisos.

La Oficina no recomienda ni sugiere el voto sino compara las distintas propuestas electorales, especialmente en materia económica. Su trabajo ha sido asimilado en el Reino Unido. El trabajo de auditoría tiene una finalidad principal: aportar más claridad y lograr que los candidatos hagan un uso correcto de la política, especialmente durante la campaña.

O sea, que no engañen, que no anticipen hechos que luego no podrán materializarse. Otro debate es el cúmulo de explicaciones que se ofrezca para justificarse: desde herencias a incapacidades, coyunturas, estrategias y otros intereses políticos. Pero, al menos, el electorado dispondrá de sólidos elementos para comparar y obrar en consecuencia.

El caso es que los partidos se sientan fiscalizados, so pena de que instrumentos como esta Oficina Central de Planificación les pongan aún más en evidencia, especialmente después de campaña. ¿La veremos en España?

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario