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Chiquito mosqueo por la mínima pena que se pide en el ‘caso Lerena’. Por Belén de Vil

Mosqueo es poco. Quienes tuvieron el “placer” de compartir espacio en la planta segunda de la Gerencia de Urbanismo durante los años en los que una trabajadora por cuenta ajena hacia las veces a su jefe, camuflada y con todos los derechos de un funcionario en plaza (teléfono, correo corporativo,  mesa de trabajo, y mucho acceso a la intranet municipal), están que trinan con la mínima condena que pide la Fiscalía Anticorrupción por el ‘caso Lerena’.

Un año de prisión es lo que se pide por cohecho para el ex jefe de Negociado y Litoral en Urbanismo, Pedro Álvarez, y otro tanto por lo mismo para el empresario que coló en Urbanismo a su trabajadora durante ocho años, Juan Antonio Lerena, quien se llevó unos dos millones de euros en obras menores , y quien ha tenido la desfachatez de reclamar los 115.000 euros que aún le deben en el Ayuntamiento, pese a haber declarado como imputado en superjeta.

Es la pena mínima que se prevé en el Código Penal por cohecho. Y no irán a prisión, en caso de ser condenados, ni Lerena ni Álvarez porque carecen de antecedentes penales por este mismo hecho. Lo curioso es que no se pida al empresario que devuelva el dinero cobrado con trato de favor (¿no es un buen favor tener una trabajadora donde se sientan las bases para adjudicar los contratos a los que se aspira?).

Bueno, sí que lo pide Pedro Fernández Arcila, el concejal de Si Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el mismo que como abogado interpuso la denuncia ante corrupción junto con la ex concejal de Ciudadanos, Odalys Padrón, aunque como no se personó, hasta ahora no se ha enterado de que las diligencias preliminares acabaron, que sí cabe personarse y pedir hasta cuatro años de cárcel (que esos sí se cumplen), y la devolución del dinero por la vía civil.

Hay algo que se sigue confundiendo, o eso le parece al guante, o es el guante el confundido, aunque lo ha preguntado a quienes saben, y es que la acusación es de Fiscalía y que no hay auto aún del juzgado (que se sepa) que haya puesto fin a la instrucción, es decir, que no está todavía cerrada aunque sí a punto.

Un año de cárcel, y tres de inhabilitación para don Pedro Álvarez, que fitetú lo que le puede importar, si lleva jubilado desde 2011. Vamos, que na de na.

Y no solo eso, sino que cuesta digerir que durante siete, ocho años, nadie, absolutamente nadie, supiera de la existencia de la brava Candelaria, cuando sí estaba catalogada como auxiliar administrativo, justo el puestito que se ha ganado de indefinido en el Ayuntamiento por prestar servicios fuera de toda legalidad.

¿De verdad que nadie sabía nada? ¿Nadie en Recursos Humanos? Esperen que esto va a dar para más, y de paso les cuento en el próximo post cómo llegó y cómo se quedó la trabajadora por cuenta ajena a la que ahora pagamos todos. Si es que es tan jugoso que me babea el Bic…Uy, no, ¡¡¡¡¡le chorrea la tinta!!!!! Otro ejemplar que me he cargado.

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