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Urdangarin dice que de confirmarse la fianza tendrá un «injusto empobrecimiento»

AGENCIAS.- El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, considera que en el caso de que finalmente devenga firme la fianza de casi 8,2 millones de euros impuesta por el juez instructor del caso Nóos contra él y su ex socio Diego Torres, se vería abocado a un «injusto empobrecimiento» y se produciría un «enriquecimiento injusto» para los beneficiarios de la anterior cantidad.

Así lo expone en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, que el imputado ha interpuesto contra el auto de responsabilidad civil dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven de este proceso judicial. Tanto Urdangarin como Torres tienen hasta esta medianoche para hacer frente al pago de la caución.

Y es que, según la defensa del Duque, éste se vería «abocado a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia».

«Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos», asevera el letrado Mario Pascual Vives, quien recuerda que del Instituto Nóos «sólo percibió la sociedad Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta Cristina-, durante los años 2004 y 2005, el importe bruto total de 706.932 euros».

A juicio del letrado, la cantidad decretada «resulta desproporcionalmente excesiva» y, en caso de resultar la definitiva, «supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen, descontándose de la anterior cantidad».

Al Contitucional

Asimismo, Urdangarin, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza de 8,2 millones de euros decretada contra él y su exsocio Diego Torres. Así lo manifiesta en el recurso que ha interpuesto contra la caución, al que ha tenido acceso Europa Press, «a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno», ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un «injusto empobrecimiento» y se produciría un «enriquecimiento injusto» para los beneficiarios de la anterior cantidad. Tanto el Duque como Torres tienen hasta esta medianoche para hacer frente al pago de la caución.

En concreto, el escrito de impugnación acota su análisis a la transcripción que el magistrado incluye en su resolución de diversas declaraciones tanto de imputados como de testigos, en base a las cuales se ha «vedado» la posibilidad de discutir u ofrecer «un juicio de injerencia distinto al realizado prematuramente por el instructor».

Es más, la defensa de Urdangarin alude a la «inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo» del contenido de determinados documentos, cuya elección «también ha sido subjetiva», así como de parte de determinadas declaraciones en sede policial y judicial, que «impiden emitir cuantas alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos intereses».

«La extemporánea, novedosa y sorpresiva introducción por parte del magistrado en las páginas 293 a 510 (ahí es nada)» de los anteriores documentos y comparecencias causa, insiste en su recurso, «una indefensión a esta defensa al transgredirse el principio acusatorio».

Se trata de una situación que el abogado de Urdangarin ha calificado de «instrucción evolutiva (no se conoce a ciencia cierta qué hechos se están imputando a mi mandante) ora basada en «trozos o partes de determinados documentos, ora en las declaraciones parciales, sesgadas de determinados testigos o imputados», lo que, recrimina, provoca una «irreversible indefensión».

El letrado apunta asimismo al hecho de que, al incorporar «todo ese acervo documental y declarativo» en el auto dictado el pasado 30 de enero, «sin posibilidad procesal de rebatirlo en tiempo y forma», esto «está causando, de nuevo, afirmamos, indefensión irreparable».

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