FIRMAS

La fiscal pide 90 euros de multa por paralizar el tranvía en una protesta. Por Belén de Vil

Muy bueno el juicio por paralizar la circulación del tranvía y colapsar el tráfico en un punto neurálgico de la ciudad. Lo de “muy bueno”, ya me entienden, no es porque hubiera juicio, que nunca debió haberlo, ya que hay abierta otra sanción admnistrativa, sino porque se dijeron cosas interesantes y todos juntitos, menos la fiscal, recordamos algunos derechos fundamentales. 

Por si no lo recuerdan, un grupo de vecinos paralizó durante más de dos horas la circulación del tranvía y  del tráfico rodado entre las paradas de Puente Zurita y Cruz del Señor, uno de los nudos neurálgicos de Santa Cruz de Tenerife. Hubo decenas de manifestantes, pero detuvieron a dos. Miriam y Conchi Pérez Mendoza, dos mujeres con las ideas claras que fueron esposadas y llevadas a la Comisaría de Tres de Mayo. Miriam es del colectivo Parados Unidos y Conchi, de Asamblea Sociosanitaria.

Y este miércoles fue el juicio en Instrucción 1 por una falta (mejor dicho, dos) de desobediencia por el que la fiscal pide una multa de 180 euros, a 90 cada una, mucho menos que la multa de 900 euros (a 450 per cápita) que les pretende arrear la Subdelegación del Gobierno por una falta administrativa, ya que la concentración no tenía permiso de la autoridá.

Pero a lo que íbamos. Pedro Fernández Arcila ejerció de abogado de Conchi  y dijo que se trataba de un derecho fundamental de concentración, que no hubo violencia ni verbal ni física contra los policías nacionales que las detuvieron, ni insultos, ni resistencia. Y recordó que por una falta no se puede detener a nadie, y mucho menos, esposar. Lo dicho, estuvo bien.

El abogado de Miriam, Carlos Mayans, incidió en la misma línea de Arcila, y preguntó al inspector de la Policía si fue indispensable detenerlas, a lo que el policía respondió que no le quedó otra para no usar la fuerza y reponer el orden circulatorio, que para esas alturas, tras dos horas de protesta, era considerable, y entonces, el abogado le recordó que esposar a una persona y llevarla a los calabozos “sí es un acto de fuerza”.

Lo que les cuenta el guante. Estuvo guapo. Ambos abogados señalaron además que a ninguna de las dos se les dio una orden directa, así que no desobedecieron a nadie. Y otra es el torpe atestado policial, en el que no se reconoce a ninguna de las dos como organizadoras de la concentración, sino a …¡¡Fernández Arcila!!  Pobre, cuando no recibe un guantazo, le achacan organizaciones clandestinas. Si es que no es su mes.

Lo bueno de esa chapuza de atestado es que al no ser ellas reconocidas como organizadoras…¿a santo de qué les va a multar la Subdelegación por no haber pedido permiso para la movida, si ellas no organizaron nada?

Miriam dijo que cuando le pusieron las esposas no lo hicieron de forma amable, y que ella sencillamente había acudido a una acción de protesta, acordada en una asociación de vecinos el día anterior,  contra la puñetera y muy polémica reorganización de guaguas de Santa Cruz de Tenerife y sus efectos en el barrio de La Salud.

Conchi dijo que al ver que se llevaban a su hermana detenida “por hacer lo mismo que estaba haciendo yo, no la iba a dejar sola”. Al final, estuvieron unas tres horas en Comisaría.

La sentencia se conocerá el 14 de febrero. Casi mejor que las condenen, y así la Subdelegación no tiene nada que hacer. Ya saben, sería una doble condena y eso es ilegal.

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