La ecuación es muy sencilla, incluso para las mentes más obtusas. Si el Gobierno favoreciese mediante instrumentos públicos la conectividad aérea y marítima, se incrementaría el número de rutas y frecuencias y, por tanto, la cifra de pasajeros. Habría un punto de inflexión en la evolución del mercado turístico y permitiría que los residentes se desplazasen sin tener que abonar tarifas desorbitadas. El aumento del flujo de viajeros y el incentivo del tráfico de mercancías se traduciría en más ingresos para las arcas del Estado y menos sacrificios para los ciudadanos.
Pese a la obviedad de las reglas básicas del mercado, el Gobierno ha optado por recorrer la senda equivocada. Incrementa las tasas aeroportuarias, dos veces en un solo año, aminora considerablemente las ayudas al transporte de mercancías y abre las puertas a una reducción del porcentaje que perciben los canarios por viajar. Las consecuencias son que nuestros puertos y aeropuertos son menos competitivos, la evolución del número de turistas y el tráfico marítimo pierden fuelle y se desinflan las cifras de trayectos aéreos y marítimos de quienes, en la mayoría de los casos, se desplazan entre las Islas por obligación y no por placer. Esta cadena provoca, al contrario de lo que persigue el Gobierno, una caída de los ingresos en las terminales portuarias y aeroportuarias canarias y el cierre del grifo a las inversiones previstas. El plan director del aeropuerto de Lanzarote es una quimera y el futuro de las nuevas pistas en Gran Canaria y Tenerife Sur es toda una incógnita.
El próximo mes de febrero, después de un año en seco, se celebrará el debate sobre el estado de la nación en el Congreso. Parece mentira que en plena escalada del descontento de los ciudadanos con respecto a la gestión del Gobierno y la desafección que existe con respecto a los políticos, el Partido Popular haya esperado 15 meses desde su llegada a la Moncloa para celebrar el que, sin duda, es el debate más importante del año junto al de Presupuestos.
Pues bien, en ese debate aprovecharemos la oportunidad para reiterar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que para muchos es una obviedad, pero que no encaja en el ideario político de un partido que se empeña en incrementar impuestos y desmantelar políticas públicas.
Insistiremos en que, lejos de lo que dictan, es fundamental impulsar medidas que permitan mejorar la economía canaria de cara al futuro inmediato, para retornar a la senda del crecimiento, medidas que favorezcan la competitividad local en el mercado global y que ayuden a la internacionalización de las empresas radicadas en las Islas. Estas medidas pasan necesariamente por una mejora real de la conectividad, tanto de las islas entre sí como de Canarias con el exterior, para crear un espacio único que evite los costes de la doble insularidad y constituir a las islas en una plataforma logística de trasbordo y distribución de mercancías entre África, Europa y América.
En este sentido, no cabe duda que las carreteras, que articulan el territorio insular, con los puertos y aeropuertos de cada una de las islas, conforman una red integrada de transportes que son claves, tanto para el desarrollo económico de Canarias, especialmente para el sector turístico -que precisa de la apertura de nuevos mercados emisores y nuevas rutas-, como para la vertebración de la cohesión territorial del Archipiélago. Además, para transformar al Archipiélago en un espacio económico único y en igualdad de condiciones con el resto del Estado, es necesario establecer unos sistemas de transportes innovadores y asequibles.
Sin embargo, en los últimos tiempos vemos con gran preocupación, tanto el incumplimiento de los convenios de infraestructuras de carreteras y la ausencia de una política de Estado en el transporte con Canarias, como la desaparición de compañías aéreas o el incremento de las tasas aeroportuarias y la reducción de las subvenciones al transporte de mercancías y pasajeros se han traducido en un incremento de las tarifas, la reducción de frecuencias y el monopolio en algunas rutas. Aspectos negativos que, sin duda, tienen un efecto demoledor sobre la economía canaria.
Por ello, plantearemos que mantenga intacto el 50% de la bonificación para los residentes y que establezca la obligación de servicio público en las rutas que sea necesario para asegurar la frecuencia, capacidad y precio asequible de los transportes aéreos de Canarias con la Península. La “quinta libertad” volverá a estar presente en nuestro discurso para conseguir que las Islas se conviertan en un nodo de comunicaciones entre Europa, África y América.
Rescatar las ayudas compensatorias al transporte de mercancías entre la Península y las Islas (y viceversa) y entre éstas es otra de las reivindicaciones que mantenemos vigentes, así como el establecimiento de una bonificación de las tasas aéreas para incentivar la apertura y consolidación de nuevas rutas con otros países con los que, hasta ahora, no se opera desde Canarias y que permitan impulsar las conexiones con nuevos mercados emisores de turistas.
La participación de Canarias en el nuevo modelo de gestión de AENA; la renovación del convenio de transporte regular de viajeros por carretera; la modificación de la normativa vigente para eximir del uso obligatorio del tacógrafo a los transportistas de Canarias; el cumplimiento del convenio de infraestructuras de carreteras y el apoyo a la incorporación del sistema portuario y aeroportuario de las Islas en la Red Transeuropea de Transportes figurarán también en la agenda que plantearemos al presidente.
Sea cual sea el desenlace del debate, esas son las medidas que propondremos ahora y el resto de la Legislatura para que Canarias salga de esta y no haya un empobrecimiento mayor por un error de cálculo en la gestión del Gobierno en aquellas políticas que representan el eje central de nuestro desarrollo económico.
Fuente: http://www.anaoramas.com
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