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El Gobierno elude el ‘caso Bárcenas’ en el debate sobre corrupción en el Congreso

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AGENCIAS.- El Gobierno ha solventado este miércoles el debate sobre corrupción de la sesión de control del Congreso remitiéndose a la oferta de pacto que Mariano Rajoy lanzó hace una semana y prometiendo medidas «concretas» para luchar contra esta lacra que afecta a «todos» las formaciones políticas.

Pese a que el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Amaiur han utilizado sus preguntas para sacar a relucir el caso del ex tesorero del PP y los «sobres invisibles por Génova» –en palabras de Cayo Lara–, ni el jefe del Ejecutivo ni los tres ministros interpelados sobre corrupción y amnistía fiscal han entrado en el llamado ‘caso Bárcenas’.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha llegado a advertir a Rajoy de que la «bomba» del ex tesorero del PP le podía «estallar» al Gobierno si no actúa contra un fenómeno que a su entender está «minando la democracia». Para apoyar sus argumentos, ha citado una retahíla de casos de corrupción que afectan a varios partidos como Gürtel, Urdangarín, Pallerols, Fabra, Palau de la Música, Pokemon, los ERE andaluces, Matas y Bárcenas.

En su respuesta, el presidente del Gobierno ha evitado toda referencia al ex tesorero y se ha limitado a renovar su oferta de pacto contra la corrupción que planteó la pasada semana. «Yo estoy dispuesto a elaborar un plan acordado entre todos los partidos que quieran hacerlo», ha dicho, si bien el líder de IU ha rechazado integrarse en un foro que, a su juicio, va a ser»un lavado de imagen de la cara del problema de la corrupción».

Después ha llegado el turno del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha espetado a Rajoy, como presidente del PP, que ese partido tiene «un problema con la corrupción» que afecta a «comunidades autónomas, ayuntamientos y decenas de responsables políticos» de su partido.

Es más, el líder de los socialistas ha afirmado que, mientras el PSOE «hace muchos años» que aprendió «la lección», en alusión velada al ‘caso Filesa’, el PP se ha «ido de «rositas con triquiñuelas legales», en referencia al ‘caso Naseiro’ en 1990 que afectó al entonces tesorero del PP y que fue archivado por irregularidades en la instrucción del sumario por las escuchas telefónicas.

Dicho esto, Rubalcaba ha solicitado a Rajoy «contundencia, ejemplaridad y celeridad» con los casos de corrupción que afectan al PP. Ante esta petición, el jefe del Ejecutivo le ha devuelto la pelota asegurando que le hacía la «misma recomendación». «No se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación que me ha hecho usted a mí», ha exclamado, cosechando un aplauso de la bancada del PP.

Código Penal

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha exigido al Ejecutivo acciones «más radicales» contra la corrupción, tales como establecer como delito la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento de los cargos públicos electos, o la regulación de los indultos para evitar la «arbitrariedad» del Gobierno.

La vicepresidenta, también sin entrar en casos concretos, ha insistido como Rajoy en el pacto contra la corrupción que impulsa el Gobierno, si bien ha mostrado su disposición a plantear medidas «concretas» contra esta lacra que, según ha dicho, afecta a «todos» los partidos y «no conoce de colores».

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha señalado que «si hay que reformar el Código Penal, se reformará; si hay que endurecer las penas, se endurecerán, y si hay que trasladar ejemplaridad para conocer el enriquecimiento injusto, se hará».

Además, la ‘número dos’ del Ejecutivo ha recordado que en el Congreso se está tramitando ya la Ley de Transparencia, una norma que a su entender es un «buen antídoto» contra la corrupción porque por «primera vez» va a sancionar y castigar, incluso con la inhabilitación, comportamientos irregulares por parte de los cargos públicos.

Bárcenas

La oposición también ha exigido explicaciones al Gobierno por la amnistía fiscal a la que se acogió Luis Bárcenas. La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, ha asegurado que ese proceso se hizo «a medida» del extesorero del PP y los defraudadores, algo que ha juzgado de «escandaloso».

Ante estas críticas, Sáenz de Santamaría ha señalado que vincular la regularización fiscal con la financiación del PP es algo «burdo y absurdo» y le ha recalcado que para «reprender» al Ejecutivo en materia de corrupción hay que estar limpio de falta, una condición que a su juicio no cumple el PSOE.

También Montoro ha sido interrogado por la amnistía fiscal a instancias del diputado socialista Pedro Saura, que ha vuelto a pedir su dimisión. El ministro se ha remitido a las explicaciones que ofreció hace una semana en comisión y ha criticado la «empanada mental» del portavoz del PSOE. Después, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha preguntado si la amnistía se diseñó en la sede del PP, una pregunta que no ha obtenido respuesta por parte del titular de Hacienda.

Al debate se ha querido sumar Maite Aríztegi diputada de Amaiur (la coalición  que integra a la izquierda abertzale heredera de Batasuna), que ha preguntado al ministro de Justicia por las medidas del Ejecutivo para acabar con la corrupción política, que ha calificado como «práctica habitual» entre los partidos mayoritarios. Pero Gallardón ha zanjado su tentativa recalcando que no puede dar «lecciones de honestidad» porque la mayor organización corrupta es ETA.

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