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Los psicólogos tinerfeños, preocupados por la desaparición de la colegiación obligatoria

Elblogoferoz.El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, a través de su decano, J. J. Iván Pérez Peña, ha trasmitido a la senadora del grupo popular, Luz Marina Socas, su preocupación por la posible desaparición de la colegiación obligatoria de la profesión, según contempla el borrador del anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que el Gobierno del Estado pretende aprobar en los primeros meses de 2013. 

La institución colegial que representa a los psicólogos de la provincia tinerfeña comparte el rechazo mostrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos a este anteproyecto, que considera la psicología como una actividad de colegiación voluntaria contraviniendo las disposiciones de la normativa europea y española que se recogen en la Ley Ómnibus de 2009, ley que incorporó parcialmente al Derecho español la Directiva Bolkestein relativa a la liberalización de servicios.

En la reunión, mantenida el pasado miércoles en las instalaciones del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, la senadora por el Centro Canario Nacionalista, que forma parte del grupo popular, se mostró receptiva a los argumentos del decano de los psicólogos/as tinerfeños/as para abogar por la inclusión de la profesión como actividad de colegiación obligatoria. Pérez Peña señaló motivos de calidad, excelencia, profesionalidad, cientificidad y economía, destacando este último punto debido a la situación actual de la economía española.

El máximo representante de los psicólogos tinerfeños precisó que la sustitución de los actuales procedimientos de autorregulación colegial por procedimientos de supervisión, tutela, acreditación y registro administrativos “no son medidas de carácter liberalizador, más bien al contrario”. Y expresó su duda sobre la capacidad de las administraciones públicas para ejercer estas competencias de forma más eficiente a como se realizan desde la organización colegial.

Pérez Peña añadió que la prestación de estos servicios, que hoy no tienen coste para la administración pública y por tanto para la ciudadanía y generan una importante actividad económica, requerirá, caso de establecerse la colegiación voluntaria, la asignación de importantes recursos humanos y materiales tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas.

En opinión del decano del Colegio de Psicología, “la vigilancia y control del ejercicio profesional para garantizar la mejor defensa de los usuarios de los servicios y la gestión adecuada de las quejas, consultas y reclamaciones, carece de sentido que se realice en una organización colegial de adscripción voluntaria, y dado que no puede privarse a los usuarios de estos derechos, también pasarían a ser obligación de las administraciones públicas”.

J.J. Iván Pérez Peña le explicó a la senadora popular que el cambio en la colegiación obligatoria de los psicólogos/as a una colegiación voluntaria “conduciría a un sistema dual, en el que los profesionales ejercientes no colegiados carecerían, además de los procedimientos de autorregulación deontológicos, de la oferta de actividades de formación continua y de los servicios de información y actualización profesional lo que acabaría afectando a la calidad de sus servicios a la ciudadanía”. 

El decano de la organización colegial tinerfeña fue contundente al señalar que con la colegiación voluntaria se hará necesario utilizar una importante cantidad de recursos públicos para atender con calidad una serie de servicios imprescindibles para el cuidado y atención a la salud de las personas, “a cambio de una ordenación más confusa, caótica e ineficiente”.

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