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El Observatorio de la Dependencia suspende a Canarias con un «muy deficiente»

AGENCIAS.- El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón.

«A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.», ha señalado el observatorio en su último dictamen.

En este sentido, el informe destaca «el empecinamiento» de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, «en no aplicar las prestaciones y servicios» que la Ley de Dependencia contempla, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica».

Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.

Además de estos «graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades», el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera «preocupante».

Para el observatorio, este «frenazo» en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.

Presión

Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas»reformas para la mejora del sistema», y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas», así como»la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público».»El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», ha señalado.

De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que «de la paralización del sistema se está pasando a su involución». Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.

230.203 dependientes, en el limbo

Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el «limbo de la dependencia» (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de «vender» como un descenso en más de 75.000 personas en este «limbo» fruto de las reformas del sistema.

Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es «un espejismo estadístico» producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. «El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas», señala el dictamen.

Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia (37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).

En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que «la lógica implantación progresiva» de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.

Madre coraje en Gran Canaria

Coincidiendo con este demoledor informe, una madre canaria, María Dolores Pérez se encuentra acampada desde el pasado martes frente al Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria por la situación de «abandono», la «incomprensión» y la «falta de escucha»de las Consejerías de Educación y de Bienestar Social del Gobierno de Canarias con su hija Joanna, una joven de 18 años que tiene un 67% de minusvalía psíquica y que cuenta con el reconocimiento de situación de dependencia en grado severo (grado II y nivel 2), que no recibe ningún tipo de ayuda ni atención específica.

«Aquí se arrollan todo tipo de derechos. Joanna no tiene ayudas económicas, sanitarias ni de ningún tipo. No ha tenido ayudas económicas ni las tiene. El abandono [por parte del Ejecutivo regional] es mucho», dijo este jueves la madre durante unas declaraciones a los medios de comunicación.

En una carta remitida a diputados y la Administración regional, la madre explicó que desde hace dos años y medio está al cuidado absoluto de su hija en su casa ante las dificultades que han presentado los centros educativos en su falta de respuesta, «mostrando además mal ánimo contra la niña quedando constancia en las denuncias presentadas por la familia en la Consejería de Educación, y posterior desvío a Fiscalía de Menores».

Dijo que hasta los 12 años, Joanna llevó siempre una vida normalizada en su escolarización y familia, «hasta que los cambios conductuales de la niña al entrar en su periodo de preadolescencia conduce al profesorado a determinar, erróneamente, orientar a la familia para derivarla a Aula Enclave».

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