Esta semana que finaliza hemos conocido dos noticias alarmantes. No sólo por el riesgo medioambiental que suponen, sino porque son la demostración de una lamentable gestión política de los recursos naturales de Canarias, uno de los principales atractivos turísticos de estas islas que han convertido a Canarias en el destino de leyenda por sus paisajes singulares, su excelente clima y sus variados ecosistemas, principalmente las playas y la garantía de sol.
El primer disgusto fue la de la sentencia estrambótica que ponía de manifiesto que las leyes se aprueban para que el Gobierno de Canarias sea el primero en incumplirlas. Todos estábamos convencidos, tras declararse por Ley la protección de espacios de gran valor natural, que se había puesto cerco al afán constructor y arrasador de empresas y particulares en importantes relictos naturales de nuestro territorio. Sin embargo, las leyes hay que desarrollarlas, acompañarlas de financiación y dar respuesta a los habitantes de la zona afectada, incumplimientos que ha puesto en evidencia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al dar la razón a un ciudadano que construyó en Tamadaba una obra que -ahora- no es sancionable ni ilegal porque el Gobierno de Canarias no ha realizado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural donde se ubica dicha obra. Tanto dinero gastado en consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, agencias, empresas públicas, consultores, asesores, así como en agencias de protección del medio natural, y sin embargo durante dos décadas no se han elaborado los documentos necesarios para evitar la indefensión jurídica de ciudadanos y de los espacios a proteger.
La segunda ‘bomba’ es la reducción en un 75% del presupuesto de los cuatro Parques Nacionales en Canarias. Todos saben que este Archipiélago es una joya mundial de la naturaleza. Es el territorio español con mayor número de espacios con la máxima protección posible en el país. Un motivo de orgullo que dependía del Estado. Sin embargo, el Gobierno de Canarias consideraba que esos iconos del paisaje y la naturaleza debían ser gestionados desde Canarias, lo cual se hizo efectivo en 2009. Ahora, apenas dos años después, se le retira casi todo el dinero que -no olvidemos- se transfiere desde Madrid para la gestión de los Parques (vigilancia, recuperación de especies, prevención de incendios, investigación, guías, planes didácticos…) y dicha desaparición se produce por decisión del Gobierno de Canarias, el que quería gestionar mejor los Parques Nacionales de Canarias para su mayor reconocimiento en el mundo.
Como en toda mascarada, el despojo a los Parques Nacionales comenzó con la reducción de cinco a un millón de euros. Una vez producida la alarma social, se responde diciendo que añaden otros dos millones. En total, tres millones para los cuatro Parques Nacionales que percibían cinco el año (que no es gran cosa). Un escándalo. Una vergonzosa burla de los políticos que dirigen esta Comunidad. Para esto, mejor hubieran dejado las competencias de los Parques Nacionales en manos de la administración estatal, por mucho que nos duela reconocer que somos -los canarios- el peor enemigo de nuestros recursos. Y ya puestos ¿para qué pagamos un gobierno y un parlamento si no desarrollan las leyes y no hay dinero para los parques nacionales además de convertir los servicios públicos en un erial?
Aprovecho para manifestar que siempre he tenido envidia de las islas que tienene Parques Nacionales. De hecho, Gran Canaria y Fuerteventura merecen contar con territorios con la máxima protección y un uso social y turístico adecuados. Pero, algunos grancanarios creían más importante su interés particular que el de la colectividad porque no se fían de las administraciones ni de algunos burócratas que se arrogan poderes sobrenaturales frente al ciudadano. Y, por lo visto, parece que tienen razón.
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