Los datos hablan alto y claro. Casi 180.000 extranjeros en los últimos diez años y en 2011, fruto de los movimientos migratorios, 23.000 nuevos activos. La economía canaria no tiene capacidad para dar salida a estos crecimientos poblacionales, en las Islas no será posible reducir los índices de paro mientras la llegada de activos siga incrementándose a este ritmo.
Los últimos datos oficiales sobre la población en España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no dejan lugar a las dudas. Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que, porcentualmente, más ha crecido la población en los últimos diez años. En una década el número de habitantes del Archipiélago se ha incrementado en un 22,9 por ciento, pasando de 1.694.477 habitantes en 2001 a 2.082.655 habitantes en 2011 –cifra que ya se ha visto superada en el transcurso de 2012-.
Incremento que, en buena medida, se explica por la llegada de personas extranjeras: 178.574 en los últimos diez años, alcanzando así los 276.524.
Para calibrar bien la dimensión de esas cifras hay que compararlas con las del resto del Estado. Mientras en Canarias el incremento de población ha sido del 22,9%, en España no ha pasado del 14,6%. En apenas diez años la población de nuestras Islas ha crecido en 388.178 personas.
La realidad que confirman las estadísticas nos debe obligar a una reflexión serena sobre la capacidad de carga del Archipiélago. Sin estridencias. Sin alarmismos.
Analizando, por un lado, cuántos empleos es capaz de crear la economía canaria y, por otro, detectando los impactos de ese imparable crecimiento poblacional en el territorio y en la prestación de servicios públicos.
Creo que es bastante evidente que Canarias no puede crecer de manera indefinida, alargando sine die un crecimiento demográfico en expansión desde 1960.
El debate que debemos abrir, con madurez y sin mayor dilación, tiene que ver con la capacidad que tienen nuestras Islas para dar respuesta –laboral, sanitaria, educativa, etcétera- a un crecimiento poblacional de estas características.
No debemos enterrar un debate imprescindible contaminándolo con acusaciones –gratuitas e injustificadas- de estar alimentando actitudes de rechazo al que llega. No se trata de arrinconar al que es diferente. No se trata de arrinconar a nadie, sino de establecer ciertos límites que permitan al Archipiélago dar trabajo a todos los que ahora mismo lo demandan y ofrecer un nivel de servicios públicos adecuado.
A la vista está, la crisis no ha sido un factor disuasorio para la llegada de miles de personas a las Islas -tal y como aventuraban algunos para eludir el debate de fondo-.
Así las cosas, es muy complicado ir adecuando un sistema público de servicios esenciales a un incremento tan importante de la población; y, sobre todo, es materialmente imposible que el mercado laboral canario absorba la incorporación de tantísimos nuevos activos.
El primer efecto de esta expansión demográfica se encuentra claramente reflejado en las estadísticas de desempleo y de ocupación en las Islas.
Recordemos algunos ejemplos, que ya ha he expuesto en este mismo blog en alguna ocasión anterior. La economía canaria creció un 2,1 por ciento el año pasado -el triple que la media del Estado-. También el año pasado Canarias fue la única comunidad autónoma en la que creció el número de afiliados a la Seguridad Social y de ocupados, pero los movimientos migratorios hacia Canarias provocaron la incorporación de 23.000 nuevos activos.
¿Cómo va a poder la economía canaria reducir los índices de paro si la población sigue creciendo a ese ritmo?, ¿qué debemos hacer en Canarias para revertir esa situación, para reducir las cifras de paro y garantizar unos servicios públicos sostenibles?
Desde luego, no cabe cruzarnos de brazos. Desde luego, no cabe recortar los fondos para las políticas de formación como ha hecho el Partido Popular, que ha rebajado de 42 a 10 millones los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias, dejando a miles de canarios en una situación de vulnerabilidad inaceptable e injusta.
Tenemos que continuar promoviendo una reflexión sobre la capacidad de carga del Archipiélago. Reflexión que, como se recordará, ha hecho suya la Comisión Europea con el compromiso de estudiar la afección del crecimiento poblacional en la prestación de los servicios públicos esenciales.
Defender, como defiendo, la articulación de mecanismos para regular el crecimiento poblacional es un ejercicio de responsabilidad tan razonable como inaplazable.
O damos el paso, y definimos esos mecanismos, o el constante incremento de activos –provocado por la inmigración- seguirá impidiendo que reduzcamos los índices de paro.
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