En el momento temporal en el que se resuelven las disputas frente a la Administración, al ciudadano ya no le importa un pimiento lo que se decida. La ejecutividad de los actos administrativos condimentada con la ausencia absoluta de virtualidad alguna de la justicia cautelar y una pizca consentida de falta de transparencia de la propia administración respecto de sus actos, dan como resultado una especie de pócima venenosa que hace imposible dictar justicia. Lo que finalmente se decide, cuando se decide, la mayor parte de las veces ya no importa un carajo (con perdón) al interesado.
A este mejunje de odiosos resultados le adicionan ahora un sobrecosto para recurrir los actos administrativos. La Administración cuenta con un argumento más para sostenella y no enmendalla. Un acto injusto de la administración hoy, como si de una nueva bacteria se tratara, tiene bastantes más probabilidades de sobrevivir que ayer. Cuestión de hacer cuentas. Menos posibilidades de que los Tribunales revisen las actuaciones de la administración. Ancha es Castilla. La circunstancia de que los recursos frente al silencio administrativo no devenguen tasa, igual acaba por animar a la Administración a contestar en plazo. Cualquiera sabe, aunque me temo que no. La injusticia retrata más a la justicia que ella misma.
Afortunadamente para los televidentes y para mí mismo, la cosa no acabó derivando en reflexiones melanco-filosóficas. Pepe enseñó a tiempo el trapo rojo del concurso de FM y el de la TDT. Por supuesto entré. Y así terminó la faena, con un breve repaso a los dos asuntos que empantanan las empresas audiovisuales en Canarias por obra y gracia de nuestra administración. Poco transparente pero muy traslúcida, que es un comienzo.
J. Carlos Melián es abogado del Bufete Munguía & Melián
Añade un comentario