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Si los cabildos no existieran, habría que inventarlos. Por Paulino Rivero Baute

 

En un acto que conmemora su centenario, hoy se celebra en el Senado
un homenaje a los siete cabildos canarios.

 

Desde que a finales del siglo XV la Corona de Castilla creara los primeros órganos de administración de los asuntos de la isla, ya entonces llamados cabildos. Desde que en 1912 se aprobará la ley de Cabildos, con la constitución de las corporaciones insulares un año después. Desde su incorporación a la Carta Magna de 1931 hasta el reconocimiento, en la Constitución de 1978, como gobiernos insulares e instituciones de la Comunidad Autónoma. Desde siempre, a lo largo y ancho de nuestra historia, los Cabildos han demostrado que son una pieza insustituible en la articulación, la definición y el progreso de Canarias.

En este sentido, no es casualidad que los cabildos hayan convivido –o sobrevivido, cabría decir- a regímenes tan dispares como repúblicas, dictaduras y monarquías.

Los Cabildos modernos, nacidos hace cien años al socaire de la ley cuya aprobación celebramos, se han convertido en herramientas fundamentales para el buen gobierno. Pero, no solo eso. En buena medida, los cabildos simbolizan y expresan la necesidad de articular una realidad diferente con respuestas políticas, administrativas, económicas y fiscales igualmente diferentes. Los cabildos constituyen, por tanto, la aceptación por parte del Reino de España del hecho diferencial canario.

Aceptación de nuestro hecho diferencial que ahora, cien años después, el Estado debe poner al día e impulsar con lealtad y valentía. Aceptación del hecho diferencial canario que, con los cabildos como ejemplo, debe abrir las puertas a que nuestra singularidad sea igualmente recogida –aceptada- en todos los ámbitos. Una realidad, el hecho diferencial, que tiene en nuestro régimen económico y fiscal específico -que hunde sus raíces en el siglo XVI- otra de sus expresiones. Una particularidad que, ahora más que nunca, exige respuestas distintas para abordar situaciones igualmente diferentes.

Si así se entendió hace cien años, no hay razón para que no se comprenda y actúe en consecuencia un siglo después.

Contamos con una estructura político-administrativa especial, diferente. Somos uno de los territorios más descentralizados del Estado. Ahí está, como muestra, el traspaso de competencias a favor de los Cabildos Insulares en materias como transportes, medio ambiente, turismo, servicios sociales o carreteras, entre otros. Y ahí está, igualmente, la conveniencia de fortalecer la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias (a semejanza de la cámara territorial en la que, más pronto que tarde, debe transformarse el Senado).

La definición de nuestro edificio político-administrativo es un proceso aún abierto. Queda camino por recorrer. Queda trabajo por hacer. El modelo institucional y administrativo que demanda la Canarias del siglo XXI requiere de un nuevo anclaje en el Reino de España. El pacto Canarias-Estado, la relación que nos une, exige una actualización en todos los terrenos.

La aceptación del hecho diferencial que los cabildos simbolizan (el reconocimiento de que precisamos de una estructura política y administrativa diferente a otras), debe tener en paralelo un reflejo cierto, efectivo y ambicioso en la definición de las herramientas con las que abordamos los retos de presente y futuro.

Es hora de plantear reformas que respondan más eficazmente a las necesidades actuales de los distintos territorios. El Estado de las Autonomías ha funcionado y funciona razonablemente bien. Así que el objetivo no debe ser enterrar un modelo que funciona, sino mejorarlo. Ha llegado el momento de revisar las relaciones de la Administración General del Estado con los distintos territorios. Y, sin duda, también con Canarias. Reformas que, de abordarse, serán un éxito de todos y un fracaso de nadie.

Si compartimos objetivos, y así es, el camino lógico es el del consenso y los grandes acuerdos, el de la lealtad en ambas direcciones y el de la colaboración. El Estado del bienestar y el Estado de las Autonomías han ido, van y debe ir siempre de la mano. En la España democrática lo uno no se entiende sin lo otro. Se equivocan quienes intenten romper una fórmula que ha fortalecido, como nunca antes, la justicia social y la cohesión territorial.

No debemos tener miedo a una eventual reforma de la Constitución que actualice el modelo territorial para hacerlo más justo, más solidario, más eficiente, más racional. O se reforma la Constitución o la Carta Magna será –como así está ocurriendo- un elemento extraño a la realidad cambiante que pretende ordenar.

En esa dirección, los gobiernos estatales de turno no deben ver como una amenaza la reclamación, desde Canarias, de una profundización en nuestro autogobierno. Somos parte de la solución, no parte del problema. Quienes desde las Islas reivindicamos mayores capacidades de gestión y decisión, lejos de alimentar una amenaza brindamos una alianza en el proceso de mejora del modelo.

Las comunidades autónomas garantizamos una mejor y más eficaz prestación de servicios a los ciudadanos. De ahí que las reformas deban emprenderse a favor, y no en contra, de las autonomías. En este contexto, con independencia de la solución que se adopte en la actualización del modelo, la fórmula debe ser asimétrica. El autogobierno canario no puede ni debe parecerse a ningún otro. El café para todos no es la receta.

De la misma manera que hace 500 años se tomaron las primeras medidas de lo que hoy conocemos como nuestro REF, o igual que hace ahora un siglo se reconoció esa diferencia con la creación de los cabildos, la revisión del modelo territorial del Estado español ha de ser igualmente sensible con nuestras principales singularidades. Entre ellas, la insularidad y la lejanía (ésta última reconocida formalmente por la Unión Europea bajo el paraguas de la ultraperificidad)

La combinación de una mayor autonomía política con la singularidad económica-fiscal debe arrojar como resultado un mejor encaje de Canarias en el Reino de España. Solo profundizando en nuestro autogobierno. Solo incrementando nuestras capacidades políticas y económicas. Solo contando una financiación que atienda y respete el hecho diferencial, se resolverán las tensiones que entorpecen las relaciones con el Estado. Solo recayendo en las instituciones canarias la toma de las decisiones estratégicas, directamente relacionadas con nuestros hechos diferenciales, ese pacto o relación se desenvolverá de forma razonable y responsable. Canarias debe asumir las decisiones en los ámbitos más relevantes, fundamentalmente vinculados a la insularidad y la lejanía.

Me refiero, lógicamente, al control de las aguas archipielágicas y de las costas.A la gestión de los puertos, aeropuertos y de las telecomunicaciones. A la capacidad para tener relaciones comerciales con Estados de nuestro entorno geopolítico. A la determinación del modelo energético basado en energía limpias. A un sistema de financiación directamente vinculado al REF.

En este punto, cabe recalcar que el REF no ha de ser un régimen complementario a la financiación autonómica común (cuyo sistema actual es objetivamente perjudicial para las islas, precisando de un cambio profundo). Al contrario, debe constituirse y entenderse como un sistema integral, que conjugue instrumentos financieros, económicos y fiscales. Un sistema que permita a Canarias dar un nuevo salto, por encima de los costes estructurales derivados de la lejanía e insularidad. Ese modelo asimétrico, lejos de suponer un alejamiento, va a reforzar los puentes, incrementando la confianza de los canarios en las instituciones -tanto en las estatales como las autonómicas-.

En Canarias estamos siguiendo muy de cerca el curso de los acontecimientos. Estamos atentos para no perder el tren de una dinámica de cambios (en las relaciones del Estado con algunos territorios) que, se quiera o no, será uno de los procesos más complejos y relevantes de los próximos años. Seguiremos actuando con la lealtad y con el respeto institucional que siempre nos ha caracterizado. Con una escrupulosa observancia de las reglas del juego de la que nos hemos dotado, y que nos ha permitido décadas inéditas de bienestar.

Un progreso al que han contribuido decisivamente en Canarias los Cabildos insulares, que no solo han sabido gestionar con eficacia las competencias que tienen asignadas sino ganarse la confianza y el cariño de los ciudadanos de cada una de las Islas. Unos cabildos que, de no existir, habría que inventarlos.

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