FIRMAS

Una reforma inaplazable. Por Ana Oramas

Después de 34 años, casi todos coincidimos en que ha llegado el momento de acometer la reforma de la Constitución y adaptarla a una realidad que ha cambiado mucho en las últimas tres décadas. Es un proceso que se ha vivido con normalidad en otros países, pero que en España se ha ido aplazando pese a que ha ido creciendo el número de personas insatisfechas con la Carta Magna (un 52,5 por ciento, según el último barómetro de Opinión realizado por el CIS).

En la pasada Legislatura, formé parte de un grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso en el que todos los partidos establecimos los asuntos sobre los que no existía ninguna duda sobre su necesaria reforma y aquellos sobre los que se podría alcanzar un acuerdo político. Nadie cuestiona que hay que modificar el artículo 57.1 sobre derechos sucesorios de la Corona para que no haya prevalencia del hombre sobre la mujer y, pese a la reticencia de determinados sectores, también existe consenso sobre la adaptación del Senado a la realidad del Estado de las Autonomías y su impulso como Cámara de representación territorial, además de que sea una Cámara de primera lectura de todas aquellas leyes e iniciativas de contenido autonómico.

Desde Canarias hemos planteado que, aparte del hecho insular (artículo 138), la Constitución reconozca nuestra condición como Región Ultraperiférica (RUP), tal como se contempla en la Constitución Europea y, por otra parte, el blindaje del REF, una petición que ha contado en determinados momentos con la unanimidad de todas las fuerzas políticas canarias. Es imprescindible que se establezca el efecto vinculante del informe preceptivo del Parlamento de Canarias en las modificaciones estatales del Régimen Económico y Fiscal (REF) para evitar que su modificación quede en manos de las veleidades de un Gobierno y se vete la opinión de los canarios.

Los ciudadanos reclaman la modificación de la ley electoral para que mejore la proporcionalidad y permita la posibilidad de que haya listas abiertas. O que se garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en la actual Constitución y que han servido para construir y avanzar en un Estado de Bienestar cuyos pilares se han ido desmoronando en los cinco años de crisis económica. Un ejemplo: el acceso a la Justicia ha quedado en entredicho tras la subida de tasas aprobada por Gallardón, que hará que en nuestro país exista un sistema reservado para aquellos que puedan asumir el coste.

Las reformas acometidas por el Gobierno, en las que se disfraza su contenido para tratar de ocultar los recortes en derechos, no pueden poner en jaque los derechos incuestionables que existen en la Constitución y que, lamentablemente, están siendo amputados en nombre de la crisis y la reducción del déficit.

La negativa a modificar una Constitución que sólo pudo ser votada en 1978 por quienes hoy tienen más de 52 años supone un ejercicio de inmadurez política por parte de aquellos que apuestan por el inmovilismo y temen que se abra el diálogo con respecto al futuro de nuestro modelo.

La crisis económica no puede ser una excusa para aplazar un cambio que servirá para fortalecer la arquitectura del Estado autonómico y plasmar la evolución del modelo territorial, además de blindar derechos que han ido menguando sin que los ciudadanos hayan tenido la oportunidad de expresar su opinión sobre cambios que exigen un referéndum.

Más de veinte millones de españoles de entre 18 y 52 años no han tenido la ocasión de pronunciarse sobre la Constitución vigente y, pese a quien le pese, ya no existen excusas para bloquear un proceso que es inaplazable y que exige la mayoría de la ciudadanía.

 

Fuente: www.anaoramas.com

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