FIRMAS Salvador García

Otra subida: el recibo de la luz. Y van… Por Salvador García

Nada ni nadie impedirán que el Senado apruebe esta semana la Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética que viene a ser algo así como la norma que regulará los impuestos a la generación eléctrica. Para decirlo con claridad, el recibo de la luz se incrementará en un 20% para las familias y entre el 8 y el 13% para las empresas, o lo que es igual, sobre los consumidores recaerá esta subida de impuestos cifrada, aproximadamente, en un 80%. Casi nada.

A la Ley no sólo se oponen el PSOE y la práctica totalidad de los grupos parlamentarios sino la mismísima patronal (CEOE), sectores industriales del país, las empresas específicas de energías renovables y del gas y las organizaciones de consumidores. Será el remate de un año complicado y a duras penas soportable desde el punto de vista tributario. Pero ya ven, quienes en su día dijeron que en época de crisis no se debía subir impuestos, ahora hacen justamente lo contrario. Les da igual. Lo harán por el bien de España, dirán. O que es inevitable. Sin arrepentimiento de engaño, claro. Pero esta vez ni los aliados empresariales están de su parte: el presidente de la patronal de las eléctricas, Eduardo Montes, ha llegado a declarar que elevar en un punto, del 6 al 7%, el gravamen a la venta de electricidad, significaría poner en peligro la viabilidad del sector.

Todo da a entender que estamos ante una medida que acentúa una voracidad recaudatoria insaciable. El Gobierno, en efecto, pretende incrementar la recaudación del sistema y taponar el denominado “déficit tarifario”, generado por el simple hecho de que los ingresos no son suficientes para cubrir o equilibrar los costes de producción. La norma, por cierto, consigna otros tributos específicos para el uso del gas natural, las aguas continentales o los residuos nucleares.
A los consumidores, desde luego, se les pone en un brete. La factura de la luz se vuelve a disparar (es una de las más altas de Europa) mientras que todos los avances en materia de energías renovables, ecológicas y producidas en el territorio nacional parecen literatura inservible. Cabe preguntarse por la utilidad de esta medida si no enjuga el “déficit tarifario”. Está claro, por otro lado, que si aumentan los costes de producción, la competitividad de la industria también se ve afectada y dañada.
Para colmo, dicen los expertos que esta Ley no aporta nada a la lucha contra el cambio climático ni protege especialmente el medio ambiente. Es más, alguno señala que penaliza las llamadas tecnologías limpias.
Por eso, no es de extrañar que algunos sectores reivindiquen un nuevo modelo energético para España, hasta hace unos años una potencia mundial -o eso teníamos entendido- en la fabricación, instalación y exportación de varias modalidades de energías renovables. La atracción de inversiones, la creación de empleo en un sector con futuro y el abaratamiento de los costes energéticos parecían al alcance.

Pero se ve que hay intereses muy poderosos. Intereses que vuelven a poner a los ciudadanos y consumidores en el potro del sufrimiento. Les condenan.

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