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Canarias mantiene los servicios a dependientes, discapacitados y mayores en las cuentas de 2013

ACN PRESS.-La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado hoy que se mantendrán los servicios de atención a las personas dependientes, a las personas con discapacidad y a las personas mayores con los nuevos Presupuestos y quea demás se garantizarán los derechos de las personas en exclusión y se potencian los de protección a la infancia en riesgo y desamparo».

Rojas compareció en Comisión parlamentaria para explicar los presupuestos de su departamento y afirmó que «apoyará a las familias que decidan acoger a los niños y niñas, tanto si se trata de familia extensa como ajena» y que «estos son unos presupuestos marcados, otro año más, por una crisis económica pero también por unos Presupuestos Generales del Estado tremendamente lesivos para Canarias, que influyen directamente en el sostenimiento de los Servicios Públicos Esenciales que competen a esta Consejería».

En materia de atención a la Infancia, Rojas aseguró que «el presupuesto en protección a la infancia no solo no se recorta sino que crece en un ocho por ciento, porque, no podemos poner comprometer el futuro de nuestra infancia en riesgo». De esta forma, en esta área, el presupuesto contempla un total de 59.606.811 euros, de los cuales 37 millones irán destinados a los programas de Prevención, de Riesgo y de Intervención, y algo más de 22 millones de euros, al área de ejecución de medidas judiciales.

La consejera de Políticas Sociales explicó que el objetivo del Gobierno es garantizar la atención de «aquellas personas que dependen del soporte de las administraciones públicas para su subsistencia».

«Por eso, hemos mantenido el presupuesto destinado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que es el instrumento que garantiza las prestaciones para prevenir la marginalidad, la exclusión social y proporcionar a los ciudadanos servicios sociales de calidad, adecuados a sus necesidades». De esta forma- continuó- se garantiza la red de equipamiento de los servicios sociales comunitarios que atiende alrededor de 480.000 personas».

En este sentido, aclaró, que «el Gobierno ha entendido la necesidad de mantenerlo con un presupuesto que asciende a 9.034.607 euros, exactamente igual que el año pasado en cuanto a la aportación económica de la Comunidad Canaria. A este presupuesto habrá que añadir la aportación de los ayuntamientos y del Gobierno del Estado, aunque ¿ matizó- sí que es cierto que la aportación del Estado se reduce en un 68,15 por ciento con respecto al presupuesto inicial de 2013»

Según indicó Rojas, «estos presupuestos han priorizado la atención a los colectivos en desigualdad social y, en este sentido, se destinarán a la Prestación Canaria de Inserción 20 millones de euros, de los cuales 18 millones irán destinados a ayuda económica y otros dos millones de euros al apoyo para la contratación de trabajadores sociales a los ayuntamientos».

«Y aunque hemos incrementado la dotación para esta Ley en época de crisis, el perfil de los beneficiarios de la prestación no es el de personas desempleadas sino el de familias sin las habilidades sociales para incorporase a los bienes y servicios de un Estado de Bienestar. Por tanto, hay que dejar claro que no son familias en exclusión aquellas que han perdido su puesto de trabajo y han dejado de percibir la prestación por desempleo, sino aquellas que no tienen las habilidades o la formación para acceder a un puesto de trabajo», aclaró.

En el área de Dependencia, Rojas señaló que «se mantienen los créditos para la financiación de la Ley de Dependencia con un ligero incremento del 0,59 por ciento y los de atención a las personas con discapacidad y personas mayores en un ligero decremento de ajuste de un 0, 96 por ciento.» En este punto, Rojas hizo un llamamiento de tranquilidad a las asociaciones de familiares y personas con discapacidad «que pensaban que el Gobierno no iba a mantener el presupuesto en esta área».

«De esta forma, aclaró, sumando los dos sistemas, los créditos destinados a la atención de las personas con dependencia ascienden 117.422.942 euros, a los que se sumarán los créditos aportados por los Cabildos Insulares, en ámbito de sus competencias y el marco de los convenios de atención a la dependencia, con lo cual se continuará atendiendo las 13.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas dependientes, mayores o con discapacidad y alrededor de 11.000 prestaciones económicas».

«Por tanto, no se cerrará ningún centro de atención a personas mayores ni a personas con discapacidad, lo que es toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que está siendo la tónica habitual en otras comunidades autónomas bastante mejor financiada que la nuestra», afirmó.

Vivienda
En materia de Vivienda, Rojas explicó que «con el importante recorte de los presupuestos generales del Estado, concretamente en un 87 por ciento, Canarias ha optado por priorizar la acción social de la política de vivienda».

Para ello, destacó que las partidas presupuestadas irán destinadas a «apoyar a aquellas familias que sólo pueden disponer de la ayuda de las administraciones para salir adelante, así pues, seguiremos apoyando el alquiler de las 10.000 familias en precariedad que en la actualidad optan a una subvención para el alquiler y también seguiremos con nuestra política de no al desahucio de aquellas familias que no pueden pagar el alquiler e incluso que tienen deudas de estos años de crisis».

La consejera precisó que el fomento del alquiler ocupará el 56,62 por ciento del presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda con cerca de 20 millones de euros.
Un total de 9.583 familias canarias, en su mayoría familias monoparentales integradas por una mujer e hijos, siempre con ingresos inferiores a los 11.000 euros, perciben en la actualidad una subvención del Gobierno de Canarias para pagar el alquiler de la vivienda protegida de promoción pública en la que residen en régimen de alquiler para lo que el Gobierno invierte este año 18 millones de euros.

«Como comprobarán ¿puntualizó Rojas- las políticas sociales giran entorno a la protección a la familia y a sus miembros más vulnerables como son las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños y niñas. En materia de vivienda ese es también el objetivo, la protección de las familias en vulnerabilidad social, por lo que mantenemos el fomento del acceso a la vivienda a través del alquiler dirigido a las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros, a las personas mayores de 65 años, a las mujeres víctimas de violencia de género y a los jóvenes que necesiten emanciparse en el proceso de encontrar su primer empleo».

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