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Los alcaldes de los municipios gomeros afectados por el incendio piden al Gobierno flexibilizar las ayudas

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AGENCIAS.-Los alcaldes de los cuatro municipios gomeros afectados por el incendio del pasado verano han solicitado esta mañana al Gobierno de Canarias que flexibilice el decreto por el que se articulan las ayudas para reparar los daños producidos por el fuego, de manera que el mayor número de personas se puedan acoger a esta medida.

Después de reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Ángel Luis Castilla, ha explicado a los medios que, vistas las solicitudes que se han hecho por parte de los ciudadanos para acogerse a estas ayudas, se ha observado que «muy pocos se van a poder acoger a las mismas», pues hay algunos condicionantes recogidos en el decreto que son «muy difíciles de cumplir por parte de las familias».

El alcalde ha indicado que entre esas limitaciones figura que sólo se otorgarán las ayudas para mitigar los daños en viviendas habituales o que se ha de tener la escritura pública de la vivienda. En este sentido, ha aclarado que hay afectados que viven en Tenerife pero que hacen la mitad de su vida en La Gomera, donde tienen un terreno, y también hay una mayoría que no cuenta con la escritura de su vivienda porque son de autoconstrucción y no han sido inscritas en el registro.

Así, con los actuales condicionantes del decreto, en San Sebastián sólo podría acogerse a las ayudas una de las cinco solicitudes que se han presentado, y en Vallehermoso, una de nueve, tal y como señaló Castilla.

Por otro lado, los alcaldes también han pedido al Ejecutivo que colabore con los cuatro ayuntamientos afectados y con el Cabildo de La Gomera para hacer frente al 50% que le corresponde a las corporaciones locales para financiar las ayudas que va a destinar el Estado.

A este respecto, Ángel Luis Castilla ha apuntado que la actual situación económica hace «prácticamente imposible» que los ayuntamientos aporten este porcentaje, de ahí que hayan solicitado al Ejecutivo que colabore con las corporaciones locales en la construcción y mejora de las infraestructuras dañadas dentro de sus posibilidades presupuestarias.

En tercer lugar, han planteado que, aprovechando que se está redactando la normativa que va a regular los Parques Nacionales, se estudie la casuística que hay en cada territorio y se abra un debate en la Comunidad Autónoma en el que participen comunidad científica, clase política y técnicos de manera que se pueda buscar un punto intermedio entre las necesidades de la población que vive en las zonas de medianías y el interés de los Parques Nacionales.

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