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El Dique de San Andrés: una cuestión de seguridad y de justicia. Por José Manuel Bermúdez Esparza

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No exigimos privilegios de ningún tipo, ni siquiera compensaciones por el trato desigual recibido durante tanto tiempo. Pedimos solamente un trato equitativo y justo: nada más… pero, por supuesto, nada menos. Esta idea clara es la que ha impulsado desde el primer momento el Ayuntamiento de Santa Cruz para llegar a una solución definitiva a un problema enquistado durante años en el frente litoral de San Andrés, ocasionándole enormes problemas que van más allá de una mera cuestión estética, de comodidad, de comunicación o de  sus comercios. Todo eso es muy importante, sí, pero es que, además de todo eso, afecta a la integridad física de personas y hogares, afecta a la seguridad de sus vidas. Y eso no tiene excusa.

Ya en el mismo verano de 2011, nada más asumir mis responsabilidades como Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un nuevo y tantas veces repetido episodio de pleamar en San Andrés nos llevó a tomar la iniciativa y coordinar a todas las administraciones con el objetivo de conseguir no sólo una actuación puntual que hiciera frente a aquellos acontecimientos, con la reparación de la actual escollera y la reposición y mejora de las infraestructuras urbanas afectadas, sino ser mucho más ambiciosos: avanzar en una solución definitiva ante una situación que periódicamente se viene repitiendo en la zona, con grave perjuicio a los vecinos y riesgo para la seguridad, por las características orográficas, climatológicas y de infraestructuras que allí se dan.

Tengo que decir que buena disposición mostrada por todas las Administraciones allí representadas en aquel momento –Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Delegación del Gobierno; Gobierno de Canarias; Cabildo Insular de Tenerife; Autoridad Portuaria y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife- dieron como fruto la planificación y ejecución de actuaciones de emergencia necesarias en la escollera y su entorno, pero también abrieron la posibilidad de una largamente esperada obra de protección del frente litoral de San Andrés.

Y así, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria más allá incluso de su ámbito competencia, hemos avanzado, desde entonces, en el diagnóstico técnico y distintas alternativas posibles, hasta el punto de contar con un proyecto básico que, en su caso, deberá materializarse en un proyecto constructivo y la ejecución correspondiente para llevarlo a buen fin: un dique semi-sumergido (de modo análogo al que protege la playa de Las Teresitas), que permita una zona de abrigo en el litoral y evite definitivamente futuras invasiones por oleaje. Es algo distinto y distante de la escollera, que alguno pretende confundir: no es un “parche”, sino una “solución”.

Pero, para seguir avanzando, necesitamos continuar la tramitación ambiental imprescindible, el proyecto constructivo, y su adjudicación y construcción definitiva. ¿Y quién es la administración en cuya competencia está “…la redacción, realización, supervisión, control e inspección de estudios, proyectos y obras de defensa…”  del dominio marítimo-terrestre? Pues la ley es clara al respecto: la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Se pongan como se pongan algunos, lo miren como lo miren otros, intenten defender lo indefendible por colores políticos de estos o aquellos, eso es lo que marca la ley y hasta el sentido común: allí no se trata de hacer un puerto de ningún tipo, sino un abrigo del litoral por razones de seguridad. Y todo lo demás son excusas de mal pagador.

El lamentable espectáculo que en muchas ocasiones dan las distintas administraciones de “pasarse la pelota”, incapaces de una coordinación responsable, lleva en ocasiones a decir –y no sin razón- que a la gente no le importa quién haga las cosas, sino que se hagan. Y es cierto, pero sólo en parte. La verdadera responsabilidad está en defender los intereses de los ciudadanos por encima de miopes peleas políticas. En conseguir que cada uno cumpla su responsabilidad, de manera que no se detraigan recursos públicos que pertenecen a todos los chicharreros de otras e imperiosas necesidades para atender a algo que, en justicia y como ocurre en otros muchísimos municipios de España, le corresponde a la Administración central del Estado. Y, además, porque la cuestión competencial afecta a la celeridad de la tramitación de cualquier proyecto y su ejecución definitiva, como ha demostrado la experiencia.

Puede que para algunos sea una “payasada” defender los intereses de tus vecinos por encima de colores políticos. Puede que para otros sea una ingenuidad intentar llegar a acuerdos por encima de batallas partidistas en estos tiempos donde parece imperar la crispación, el enfrentamiento y hasta el insulto. Pero les aseguro que no cejaré en mi empeño de conseguir una solución definitiva para el frente marítimo de San Andrés: porque es de justicia, porque es posible, porque es necesario, porque los vecinos se lo merecen.

 

José Manuel Bermúdez Esparza

Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

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