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En Canarias hay más de 125.000 empleos sumergidos

ACN PRESS.-La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias estima la existencia en el Archipiélago de unos 125.000 empleos no declarados. Así lo ha anunciado la directora general del área, Gloria Gutiérrez, durante las jornadas que ha organizado Comisiones Obreras en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo canario con las que se pretende dar respuesta a la economía sumergida.

Bajo el lema ‘Plan de Sensibilización e Información de Protocolos de Actuación ante Situaciones de Empleo Irregular y Economía Sumergida’, Gloria Gutiérrez ha recalcado la necesidad de «regularizar» estos empleos. «Consideramos necesario aflorar esta actividad ‘ilegal’ debido a sus efectos nocivos y destructivos para las empresas regularmente establecidas, a las que se somete a competencia desleal», ha recalcado para añadir que «la economía sumergida socava las infraestructuras sociales».

La directora ha sentenciado que desde su área hay un «firme compromiso» para conocer la situación y buscar hechos objetivos que permitan aflorar e incentivar el empleo regular. En este sentido, ha declarado que sólo reconociendo las características que empujan hacia la ilegalidad, podrán analizarles las medidas correctoras para aflorar estos 125.000 empleos. «Hay que potenciar o reformular los instrumentos que hay que poner en funcionamiento con el fin de alcanzar los valores adecuados previamente consensuados», ha detallado.

«Se han de aportar fórmulas que permitan facilitar la transición hacia la regularidad de actividades cuya legalización conlleve dificultades de supervivencia y afecten al nivel de empleo¿ contemplando la posibilidad de ampliar plazos para la regularización y medios necesarios para el afloramiento», ha manifestado Gloria Gutiérrez. Asimismo, ha informado ante los presentes que desde el Gobierno de Canarias se intentará promover la creación del Observatorio del Fraude como punto de encuentro entre la Administración Pública, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales más representativas.

La responsable regional de Trabajo ha hecho esta propuesta entendiendo que si bien hay que partir de un concepto de «tolerancia cero con la irregularidad y la ilegalidad», desde el Gobierno de Canarias se es consciente de que este tipo de empleo se muestra «como válvula de escape a la actual situación económica». «Esto, lo que nos viene a decir, es que la sociedad sigue necesitando determinados tipos de servicios y habrá que analizar por qué no surgen de forma legal, con el fin de incentivar su afloramiento», ha concluido.

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