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El Colegio de Dentistas emprende acciones judiciales contra el intrusismo profesional en las Islas

Elblogoferoz.- El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha redoblado sus esfuerzos en su lucha contra el intrusismo ante la persistencia de este problema en la sociedad canaria. La difícil situación económica hace que el 48% de la población no acuda al dentista o, lo que es peor, que busque soluciones para sus problemas en lugares donde no trabajan profesionales validados.

El presidente del Colegio de Dentistas, José Manuel Navarro, explicó en rueda de prensa que  «cualquier persona que realice un tratamiento en la boca de un paciente debe ser un profesional que tenga la titulación reconocida para ello pues, de lo contrario, estaría incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal». Por esa razón, anunció el propio Navarro, que «el Colegio va a intensificar sus frentes de lucha contra el intrusismo. Por un lado nos esforzamos en la labor informativa y formativa de la población, a través de los medios de comunicación, y por otro, desarrollamos acciones judiciales concretas, así como de carácter administrativo».

José Manuel Navarro recuerda que “el delito de intrusismo está sancionado con una pena de multa de seis a doce meses, en caso de personas que ejerzan la actividad odontológica sin la perceptiva titulación”. Pero además, se puede obtener en los tribunales penales, y de hecho se ha logrado en varias ocasiones, una condena mayor, dado que se da la circunstancia de que también acarrea un delito de estafa. “En este caso la pena podría alcanzar los tres años de prisión si lo defraudado excede de los 400 euros”.

El Colegio recomienda a los pacientes que si no están seguros de la atención que están recibiendo, se pongan en contacto con la entidad profesional. La institución le informará de si la clínica a la que acude o el profesional que lo atiende está correctamente autorizado. La apariencia de legalidad que muchas veces envuelve a las Clínicas sin autorización de apertura lleva a engaño a los pacientes. Por ello, se recomienda a los pacientes que acudan a las autoridades sanitarias si surge cualquier problema o duda.

Vías de lucha contra el intrusismo

 El presidente explica que “nuestra actuación se realiza desde distintas vías. Una de ellas es el ámbito informativo, ya que el Colegio promueve iniciativas formativas e informativas a que tienen como objetivo concienciar a la población; otra es la vía judicial, a través de nuestro gabinete jurídico. La institución se persona en los casos como acusación y además presta su asesoramiento legal a los pacientes afectados; y por último, la vía administrativa, ya que promovemos quela Inspecciónde Sanidad realice las comprobaciones pertinentes y que levante acta e imponga una sanción si es necesario”.

En Canarias los datos son preocupantes, tanto, que hasta el propio Consejo General de Dentistas alertó este mismo año, a través de su presidente, Alfonso Villa Vigil, en el Congreso Derecho y Salud que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, que «los dentistas estamos muy preocupados ante el auge que está tomando este tipo de prácticas ilegales, que observamos en algunos protésicos, que pretenden hacerse pasar ante la opinión pública como si fuesen sucedáneos de dentistas».

Consecuencias de la mala praxis

El Colegio ha creído necesario hacer hincapié en esta temática, porque los tratamientos inadecuados o a manos de personas que no estén formadas, pueden acarrear serios daños a la salud. Al igual que errores en el diagnóstico pueden hacer que una patología perfectamente tratable se convierta en irreversible. “Nos enfrentamos a un verdadero problema de salud pública», confirma el vicepresidente del Colegio, Pablo Ramírez. La institución está plenamente concienciada en poner freno a una situación que se extiende en Canarias.

Una mala praxis, un tratamiento inadecuado o demasiado invasivo «puede acarrear a medio y largo plazo desde úlceras hasta, incluso, cáncer, también patologías como atrofia de hueso, pérdida de dientes, movilidad y múltiples complicaciones que sería imposible enumerar», confirma el vicepresidente.

Vigilancia de los servicios jurídicos de la entidad

Los servicios jurídicos de la entidad profesional ya han recibido instrucciones para actuar respecto a este problema. En estos momentos «las vías de acción son variadas. Las judiciales, que se ponen en marcha después de que un afectado ponga el incidente en conocimiento del Colegio.

En este caso damos asistencia legal a los pacientes y nos personamos en la causa penal como acusación particular para buscar una sentencia condenatoria», explica el presidente. Y por otro lado, «impulsamos acciones extrajudiciales, que se centran en poner en conocimiento ala Administración Sanitariade la existencia de un centro o consulta que podría estar ejerciendo su actividad sin los correspondientes permisos y acreditaciones. De este modo pretendemos que tomen cartas en el asunto y realicen una inspección. Asimismo, si es pertinente, interponemos una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», confirma Navarro.

El Colegio de Dentistas de Las Palmas conoce perfectamente el procedimiento. Tanto es así, que al año reciben numerosas quejas de pacientes que acuden a la institución después de haber recibido un mal tratamiento odontológico. José Manuel Navarro explica que tras esto «se pone en marcha la maquinaria legal y tras verificar que quienes les han atendido carecían de la titulación legal habilitante para ello, procedemos a informarles de las medidas judiciales que adoptaremos, ofreciéndoles un asesoramiento legal completo».

El presidente concluye con un mensaje a la población, dado que en ocasiones no son conscientes ni del riesgo que se corre, ni de los derechos que los asisten. «En general los ciudadanos confían en la apariencia externa de legalidad de una actividad, que normalmente está abierta al público. Sin embargo, desde el Colegio les recomendamos que ante cualquier duda lo que se debe hacer es ponerse en contacto con la entidad, que les facilitará la información pertinente sobre si ese profesional consta como titulado. No olvidemos que una persona formada en odontología es la mayor garantía de que el tratamiento que se le vaya a hacer es el adecuado y evitar así lesiones o patologías a consecuencia de la mala praxis».

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