AGENCIAS.- La juez de Instrucción número 8 de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de uno de los 35 detenidos el pasado martes durante los incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso de los Diputados, si bien ha fijado una fianza de 1.000 euros para que pueda eludir su ingreso en prisión preventiva.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada ordena el ingreso en prisión comunicada y con fianza de 1.000 euros de Manuel R.O., quien habría causado destrozos al mobiliario en la estación de Atocha.
La resolución recoge que el imputado se encontraba con un grupo de personas sin identificar «causando diversos destrozos en el mobiliario de dicha estación», según las manifestaciones de los vigilantes de seguridad.
«Dichas personas al observar la presencia de los policías comenzaron a correr en dirección a los andenes de RENFE cruzando las vías y deteniendo el tráfico ferroviario». Una vez fuera de la estación, según el auto, estas personas lanzaron objetos contra los agentes y se encerraron en un bar.
Dentro del bar, los policías procedieron a la identificación de las personas y a la detención de Manuel R.O. después de que lanzara un vaso a uno de los agentes.
Según la juez, los hechos constituyen dos delitos de atentado y uno de desórdenes públicos, pudiendo recaer por cada uno de los delitos una pena de hasta tres años de prisión.
Pasada la medianoche se hizo público el auto en el que la juez dejó en libertad con cargos al resto de los detenidos. A su juicio, «existen motivos bastantes» para estimar que los detenidos cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en el que, a pesar de esta consideración, les deja en libertad.
«En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable del delito de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado a los detenidos, procede decretar su libertad provisional sin fianza», señala el auto recogido por Europa Press en el único apartado que figura en los fundamentos jurídicos.
Este jueves, el juez central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los detenidos después de recibir un informe de la propia Policía en el que tan solo se acusaba a los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
Dado que la Policía tampoco contemplaba el delito contra las instituciones del Estado, el juez respondió a las Fuerzas de Seguridad que esta causa no era de su competencia, razón por la que los detenidos fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla.
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