FIRMAS

Un olvido que se repite. Por Ana Oramas

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Lo hemos repetido tantas veces en Madrid, que cuesta creer que el Gobierno siga legislando sin tener en cuenta las especificidades de Canarias. Y cuesta aún más creer que el Ministerio de Agricultura haya redactado un decreto para paliar los daños causados por los incendios registrados durante los meses de verano sin percatarse de que Valencia no es lo mismo que La Gomera.

Esta semana se ha convalidado dicho decreto en el Congreso de los Diputados y ahora inicia su recorrido como proyecto de ley. Los nacionalistas canarios dimos nuestro apoyo por solidaridad con los afectados, pero dejamos muy claro al ministro, Miguel Arias Cañete, que si no se modifica y se contemplan las especificidades de las Islas, no servirá para paliar las necesidades de Canarias y de las personas que reclaman el amparo de este decreto.

Nos alegramos de que el mismo dé respuesta a los españoles de la España peninsular, pero lamentamos, una vez más, que el Gobierno se haya olvidado que no se pueden establecer las mismas condiciones y obligaciones en la Península que en un territorio fragmentado y aislado.

El Gobierno de España legisla de espaldas a la Comunidad Autónoma de Canarias, obviando los derechos que nos corresponden y que nos diferencian por nuestra condición de región ultraperiférica. Y todo ello con la connivencia y el silencio de los diputados canarios del Partido Popular.

Hemos apoyado su convalidación por nuestra solidaridad con los afectados, pero nuestro compromiso con los canarios nos obliga exigir al Gobierno que se legisle también para Canarias.

Por ejemplo, en el apartado relativo a la cofinanciación, en el que se especifica que el 50 por ciento del coste de las actuaciones deberá ser aportado por las Comunidades Autónomas, no contempla que las competencias corresponden a los Cabildos Insulares al estar transferidas y que, por tanto, se debe computar a los mismos.

Por otra parte, Canarias es una de las tres Comunidades que más superficie aportan a la Red Natura 2000 pero, sin embargo, la distribución y el tamaño de los municipios de las islas Tenerife, La Palma y La Gomera, no les permite acogerse a ese decreto. Por ello, propondremos que se elimine la referencia a la aportación de la superficie municipal en más de un 50% a la Red Natura 2000. Y, además, que se reduzcan las exigencias en los territorios insulares a 50 hectáreas y no 500.

Esperamos contar, en este caso, con el apoyo de los diputados y senadores canarios de otros grupos políticos y que no se repita una nueva escena de oposición de quienes apoyan al Gobierno en un asunto que es clave para que los afectados por los incendios puedan acogerse a las ayudas.

Fuente: http://www.anaoramas.com

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