FIRMAS

La Autoridad Portuaria. Por José Manuel Ledesma

Desde que en 1526 el Cabildo se encargara del mantenimiento y conservación del muelle, ofreciéndolo como base para las operaciones marítimas, los puertos estuvieron regulados por disposiciones de carácter local que hacían referencia a su construcción, explotación y financiación de las obras, hasta que las Ordenanzas Generales de 1748, promulgadas por Carlos III, rigieron que deberían construirse a costa de los arbitrios o caudales públicos de carácter local.
Por ello, el Comandante General de Canarias Miguel de la Grúa Talamanca, Marqués de Branciforte, solicitó el apoyo de los comerciantes del puerto y lugar con el fin de realizar (1784), con la ayuda de los ingenieros militares, el primer muelle del Archipiélago.
El Real Consulado de Mar y Tierra de Canarias también contribuiría con el puerto, pagando las reparaciones que este necesitaba, hasta que fue suprimido (1821), pasando entonces la gestión administrativa a la Junta de Comercio.
En 1847, el Ministerio de Obras Públicas se hace cargo de la ejecución de las obras portuarias, designando como Delegado al Ingeniero tinerfeño Francisco Clavijo y Plo.

En 1852 se reconoce a Santa Cruz como Puerto de Interés General, categoría que implicaba que la construcción, conservación, recaudación, explotación y administración del mismo correrían, a partir de ahora, a cargo del Estado. 

En 1871, reinando Amadeo de Saboya, se constituye en Madrid la Junta de Obras del Puerto; en el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife se formalizó el 29 de Noviembre de 1907, y el 22 de Mayo siguiente fueron nombrados Manuel de Cámara y Cruz y Pedro Matos Massieu, Presidente e Ingeniero Director, respectivamente; después de tres meses de intensas negociaciones, los distintos estamentos locales designarían a los 10 vocales natos que componían dicha Junta. Con su puesta en marcha se organizan las oficinas y servicios, quedando el Ingeniero Director como gerente de un organismo cuyo consejo de administración es la Junta de Obras del Puerto.

Los primeros trabajos, realizados en un reducido local de la santacrucera Calle de la Rosa nº 3, consistieron en recopilar los datos, a veces incompletos, sobre el desarrollo comercial del puerto en los siglos pasados. Con el fin de buscar mayor amplitud y estar cerca de la actividad portuaria, se trasladaron a la Calle de la Marina, nº 12, donde permanecerían hasta el 19 de noviembre de 1959, fecha en la que se inaugura el actual edificio de la Avenida Francisco La Roche, nº 49.

La Ley de Puertos de 1928 la denomina Junta de Obras del Puerto, pero, cuando el Real Decreto 3266/1968 suprime la palabra «obras» pasa a llamarse Junta del Puerto en Santa Cruz de Tenerife, integrándose en ella (23/12/88) los puertos de Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de la Gomera, La Estaca y Los Cristianos.

Como a través de dicha integración se encomendó a cada uno de los organismos portuarios, la dirección, organización y gestión de los puertos de competencia del Estado existentes en la provincia, fue necesario modificar su denominación para ajustarla a sus correspondientes ámbitos provinciales, y así, por Real Decreto (9/3/90) pasa a llamarse Puertos del Estado en Santa Cruz de Tenerife.

Por último, la Ley de Puertos de 24 de Noviembre de 1992 las designa como AUTORIDADES PORTUARIAS, es decir, entidades de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente de los del Estado con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. En España existen 27 Autoridades Portuarias que gestionan los 46 puertos estatales de interés general.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley, la estructura administrativa se constituye de la siguiente manera:
Entre sus objetivos se encuentran la realización, autorización y control de las operaciones marítimas y terrestres, relacionadas con el tráfico y los servicios portuarios; la planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto y de las señales marítimas. Sus principales funciones son: gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios; los de señalización marítima y de las operaciones y actividades que requieran su autorización o concesión; y las de proyectar, construir y aprobar técnicamente las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados.

 

El nuevo Consejo de Administración está formado por 23 miembros, de los cuales, tres son el Presidente, Vicepresidente y Director Técnico de la Autoridad Portuaria; de los veinte restantes, el 50 por ciento son designados directamente por el Estado y los otros diez por Delegados de la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Consejo de Usuarios, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de la Ciudad, Cabildo Insular, Centrales Sindicales y representantes institucionales de los puertos de La Palma, Gomera y Hierro.

Actualmente, las Autoridades Portuarias sólo ofrecen un pequeño número de prestaciones que suelen estar relacionadas con la utilización de la infraestructura portuaria: practicaje, señalización marítima, entrada y salida de barcos, atraque, y el tránsito de pasajeros y mercancías. El resto de los servicios, principalmente el amarre, remolque, suministro de agua y carburante, estiba y desestiba, así como las terminales especializadas para contenedores, graneles, etc, son proporcionados, en régimen de gestión indirecta, por empresas privadas por concesión administrativa o por medio de contratos de explotación.

 

 

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