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El Defensor del Pueblo registra 5.500 quejas económicas hasta julio, superando todas las de 2011

AGENCIAS.-El Defensor del Pueblo ha registrado 5.500 quejas en materia de Economía y Hacienda hasta julio de 2012, superando casi a las 5.800 que se registraron sobre el tema en todo 2011, según ha avanzado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su primera rueda de prensa en el cargo en el seno de su institución.

Becerril ha querido realizar así un primer balance de las quejas que se han registrado en la institución en los siete primeros meses del año, del que ha apuntado que prevé doblar el número de quejas a finales de 2012 en materia económica, con respecto al ejercicio anterior.

En concreto, ha detallado que entre las económicas destacan las relativas a la información sobre las prestaciones por desempleo, sobre los ahorros de las personas en las instituciones financieras, es decir, los problemas con los bancos, o aquellas de productos financieros, como las hipotecas, o las reclamaciones a los ayuntamientos endeudados.

En materia de impuestos, un área que previsiblemente dirigirá el adjunto primero a la Defensoría, Francisco Fernández Marugán, según ha indicado, la Defensora ha resaltado las quejas sobre si existen deducciones o no.

Así las cosas, las quejas registradas en materia de seguridad y justicia se sitúan en la primera posición con un total de 6.000; después se encontrarían las económicas antes mencionadas; seguidas de las 3.180 en Sanidad y Política Social; las 3.100 en Educación y Cultura; las 2.322 en Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente; las 2.008 en Migraciones e Igualdad de Trato; así como 1.789 en Función y Empleo Público; lo que sumarían un total de 24.199, de las que 366 son de oficio.

Como ya adelantó en el Congreso de los Diputados hace un par de semanas, las cuestiones económicas supondrán uno de los pilares en los que intentará focalizar su actuación, con el objetivo de llegar a un mayor número de personas, así como reforzar las recomendaciones a las administraciones públicas para mejorar su gestión, y proporcionar una mayor agilidad a la institución, mediante una serie de evaluaciones quincenales.

En este sentido, se ha comprometido a mantener una reunión mensual con la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Defensor del Pueblo, que ‘controla’ a la institución, y a la que presentará un informe todos los meses sobre las quejas que se han ido registrando, aparte de la Memoria anual que ya se presentaba.

Presupuesto austero

Por otro lado, como ya adelantó Europa Press la semana pasada, Becerril ha decidido aplicar una reducción del 7,14 por ciento en los sueldos de la institución, aunque según definan las Cortes Generales, como ya han realizado la Casa del Rey, el presidente del Gobierno y su gabinete ministerial, así como los 350 diputados del Congreso, en consonancia con el recorte de la paga extra de Navidad a los funcionarios. En este sentido, Becerril ha puntualizado que su sueldo asciende a 115.000 euros anuales.

Con ello, ha detallado que no se cubrirán plazas por jubilaciones, se ha suprimido el área de protocolo «por no ser necesaria», de igual forma que los coches oficiales de seis a tres, se reducen los viajes y participaciones en foros o conferencias, así como la eliminación de dietas en los viajes por facturas. Además, ha puntualizado que los estudios se realizarán desde la propia ‘casa’ y también ha anunciado que no descarta tomar otras medidas de reducción presupuestaria en el futuro.

Proyectos

De hecho, ha adelantado que la Defensoría del Pueblo iniciará en el mes de agosto un estudio sobre el ruido en grandes y medianas ciudades, ya que afecta al derecho y a la privacidad de las personas, y la presentación de un monográfico sobre la trata de seres humanos, que tiene previsto presentar con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas que se celebra el 23 de septiembre.

Igualmente, ha señalado que prevé visitar este próximo mes  centros de internamiento de menores, así como residencias de la tercera edad, donde dice que se registran bastantes quejas, además de urgencias de hospitales. Mientras, en septiembre mantendrá una reunión con asociaciones de víctimas para enviar personalmente después una serie de recomendaciones al Ministerio de Justicia, sobre el anteproyecto de ley de Víctimas en el que trabaja.

Sobre suprimir a los defensores del pueblo autonómicos, Soledad Becerril ha dicho que no es su competencia adoptar esa decisión. De hecho, en su toma de posesión en la Cámara Baja se ofreció a aquellas comunidades autónomas que decidieran rescindir estas instituciones autonómicas, dada la crisis.

En cuanto el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Becerril ha señalado que realizará una nueva recomendación al Ejecutivo sobre la normativa, aparte de las ya incluidas y enviadas por la anterior Defensora interina –María Luisa Cava de Llano–, para que no sólo se establezca que las administraciones dispongan de dinero suficiente para realizar el proyecto, sino que también se tenga en cuenta la «rentabilidad social» del mismo.

Por último, sobre el tiempo de respuesta de las administraciones, Becerril ha subrayado que, en un principio, no existe ningún problema puesto que la relación es «fluida», y de hecho cerca del 80 por ciento de sus resoluciones son aceptadas, aunque ha puntualizado que sólo una entidad dejó de contestar a sus requerimientos en 2011, cuyo nombre no ha podido revelar.

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