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El Cluster de Energías Renovables alerta de la desaparición de 111.000 empleos con la reforma del Gobierno

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Elblogoferoz.- El sector eléctrico de las energías renovables,  paralizado por la moratoria del RDL 1/2012, no podrá soportar nuevas tasas y se verá abocado con sus más de 111.000 trabajadores a la deslocalización o la desaparición. De llevarse a cabo la reforma del sector  energético en los términos divulgados por la prensa, el Gobierno pondrá en  serio peligro un sector en el que hasta hace poco España era líder mundial,  incumplirá los objetivos de energías renovables comprometidos con Europa, incrementará nuestra ya alta dependencia energética e impedirá que nuestro país aproveche uno de los mercados de mayor crecimiento  mundial. En definitiva, “los impuestos anunciados llevarán a la práctica destrucción del sector español de renovables”, según denuncia en un comunicado de prensa conjunto que diferentes asociaciones empresariales españolas, incluida AEI-Cluster RICAM (Cluster de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Canarias)

Las medidas anunciadas, que se pondrían en marcha con la reforma energética, prevén la creación de impuestos específicos para las energías renovables eléctricas que gravarían en 1.180 millones de euros anuales adicionales al sector. Un sector, muy castigado ya por los recortes retroactivos de 2010 y la moratoria de enero de 2012, que vería cómo los nuevos impuestos darían al traste con el esfuerzo, público  y privado, de los últimos treinta años, que permitieron a nuestro país liderar a nivel  mundial el sector renovable. En sólo cinco años, España ha caído del primer al  decimotercer puesto en el listado de Ernst & Young de países más atractivos para
invertir en energías renovables.

Las principales asociaciones del sector se han manifestado ya contra lo que consideran medidas claramente retroactivas y han pedido el máximo respeto a la seguridad jurídica. De materializarse las medidas anunciadas, las tecnologías renovables verán aumentados sus gravámenes hasta situaciones absolutamente insostenibles y se vulnerará además el principio de rentabilidad razonable recogido
en la Ley del Sector Eléctrico. Esto hará que crezcan exponencialmente las reclamaciones judiciales y que se multipliquen los numerosos contenciosos que  tendrá que afrontar el Gobierno español, tanto en nuestro país como en las cortes internacionales.

Por otro lado, el efecto de las medidas y el cambio de las reglas del juego con carácter retroactivo aumentarán el descrédito de nuestro país entre los inversores, tanto nacionales como extranjeros, y ahuyentará los capitales, tan necesarios para
la recuperación económica.

Respecto a Canarias, el comunicado indica que en el caso del Archpiélago la situación también es compleja al no existir una apuesta definitiva por la promulgación de la normativa comprometida por el Gobierno del Estado para el desarrollo de las fuentes renovables, cuyo coste es inferior al de las tecnologías contaminantes.

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