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Los cabildos avalan el incremento del IGIC recogido en la ley anticrisis

ACN PRESS/S.Lachica.-Como era de prever, y tras las arduas y tensas negociaciones que culminaron el 1 de mayo entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales, los cabildos han dado hoy su visto bueno al proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales con las que el Ejecutivo pretende paliar el recorte de 800 millones de euros en la financiación estatal.

Una ley que incluye el incremento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), del que son cotitulares los cabildos, y de cuyo exceso de recaudación tras la subida han renunciado parcialmente durante tres años.

Precisamente, esa “solidaridad” ha sido defendida en la Comisión de Cabildos por los presidentes de Tenerife, Ricardo Melchior; La Palma, Guadalupe González; y La Gomera, Casimiro Curbelo, y el vicepresidente de la Corporación de Lanzarote, Luis Arraiz.

“Es un gesto de lealtad institucional y de solidaridad con el Gobierno de Canarias, y supone un sacrificio extremo, pues estamos cediendo recursos propios durante tres años”, recordó Melchior.

Para Curbelo, los cabildos han sido “solidarios y consecuentes para que una parte de los incrementos de recaudación del IGIC vaya destinada a atender los servicios básicos” de la Comunidad Autónoma.

“No queda otra alternativa”, insistió Curbelo, debido a la política llevada a cabo por el Ejecutivo central.

Por su parte, Arraiz recordó que los tributos del REF han jugado “un papel importantísimo en el desarrollo de todas las islas”, y que la caída en la recaudación “podría poner en serio riesgo la supervivencia financiera de los cabildos”.

Sin embargo, todos han “entendido la situación límite del Gobierno de Canarias por la insolidaridad del Gobierno de España”.

“No somos solidarios con el Gobierno de Canarias, sino con todos los ciudadanos de Canarias que se van a beneficiar del incremento impositivo porque se destinará a los recursos sanitarios, educativos y sociales”, dijo Arraiz.

Un “sacrificio” cabildicio valorado por los consejeros de Economia y Hacienda, Javier González Ortiz, y de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, y por los portavoces de los grupos del Pacto, la socialista Encarna Galván y el nacionalista José Miguel Barragán.

Spínola recordó que la Ley, que no solo incluye incrementos tributarios sino reformas y recortes en la Administración pública, es “inevitable” ante la insolidaridad demostrada por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Y, además, contiene la modificación del Fondo de Financiación Municipal, lo que supone un sacrificio más para los ayuntamientos, además, del derivado de la cesión de parte de los tributos del REF.

“El Fondo municipal era excesivamente expansivo cuando la situación no lo es, sobre todo cuando los ayuntamientos son los únicos de España que tienen esta financiación ‘extra’, insistió Spínola.

Evitar la intervención
“Nuestra maniobrabilidad es escasa, porque evitar la intervención es vital para mantener el autogobierno de la Comunidad Autónoma”, recordó el consejero, en alusión a que si no se cumplen los objetivos de déficit el Estado puede ‘rescatar’ a las autonomías.

Spínola insistió en que el Ejecutivo regional “no asume la política de recortes sin contemplaciones que viene impuesta desde Europa” y que asume el Gobierno de Rajoy.

Con ella, “es inevitable que los servicios públicos se vean afectados, pero con esta ley reducimos el impacto en la menor pérdida de calidad en sanidad, educación y servicios sociales”.

Por su parte, González Ortiz, recordó que las “medidas difíciles e irremediables” contenidas en el texto se deben a que “el descenso de la financiación del Estado es de tal calado que la Comunidad Autónoma no puede asumirlo”.

Como era previsible, la crisis impregna cualquier debate parlamentario desde hace más de un año y la discusión de este proyecto legislativo en la Comisión de Cabildos, donde únicamente se debería haber abordado la parte referida al IGIC, excedió los límites del mismo.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho incluso enarboló el recurso contra las prospecciones petrolíferas perdido por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno regional para achacar al Ejecutivo su “poca credibilidad y legitimidad” a la hora de aprobar la nueva Ley.

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