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Sistema de financiación propio. Por Paulino Rivero

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El pasado martes, en La Moncloa, trasladé al presidente del Gobierno de España las principales preocupaciones y demandas de los canarios. Fueron muchos los asuntos que abordamos en el transcurso de una conversación que, como era de esperar, se desarrolló en el clima de confianza que debe marcar las relaciones entre gobiernos –a lo que sin duda ayuda la buena relación personal que a ambos nos une desde hace tantos años–.

Reunión con Rajoy

En este sentido, celebro que tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría hayan mostrado su disposición a que los gobiernos del Estado y de Canarias trabajemos desde la colaboración y el entendimiento.

Confío en que el PP canario tome nota de la apuesta por el diálogo que han hecho el presidente y la vicepresidenta del Gobierno del Estado –saben los populares de las Islas que para el trabajo conjunto y para buscar consensos siempre han tenido y tienen las puertas abiertas–. Y es que, sin dejar de ser firme en la defensa de los intereses de los canarios, comparto la voluntad expresada por Rajoy cuando me garantizó que quiere tener una buena relación con el Gobierno que presido.

Como digo, en la larga conversación que tuve con el presidente del Gobierno de España trasladé diferentes cuestiones, deteniéndome –lógicamente– en los gravísimos problemas generados en las Islas a raíz de unos Presupuestos Generales del Estado que han dado la espalda a la necesidad de hacer un sobreesfuerzo con la comunidad autónoma que más lo necesita.

Porque, siendo cierto que todas las comunidades autónomas sufren las consecuencias de contar con menos recursos, es indudable que estando a más de 1.000 kilómetros del resto del Estado no puede considerarse a Canarias como ‘una más’.

Basta recuperar los diferentes pronunciamientos de semanas atrás para comprobar que la más que significativa caída de la inversión pública en nuestras Islas ha provocado una inquietud compartida por Gobierno, cabildos, ayuntamientos, patronales y sindicatos. Y es que, si hay un territorio especialmente necesitado de inversiones públicas para generar empleo e impulsar el crecimiento económico, ese es sin duda el caso de Canarias.

Con este cuadro, con la petición de que el Estado reconsidere algunas decisiones adoptadas en los últimos meses que afectan seriamente al modelo económico de las Islas y con el compromiso de que ambos gobiernos se sienten en unas semanas para definir líneas de trabajo, la conversación sirvió para abordar con especial atención los inconvenientes del actual sistema de financiación autonómica, absolutamente determinante para definir la cantidad de recursos que reciben las comunidades autónomas para la prestación de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o las políticas sociales.

Canarias, lo he dicho muchas veces, sale muy perjudicada del actual reparto, por lo que consideramos de justicia no solo incrementar la asignación –que también–, sino la aprobación de un sistema singular para Canarias, diferenciado del resto en función de nuestra condición de territorio alejado, diferente. Una comunidad completamente diferente a otras debe contar con una financiación igualmente distinta.

Con los recursos actuales condenamos al conjunto de la sociedad canaria a enormes sacrificios para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales.

Con los datos en la mano, la situación solo puede calificarse como límite. La sanidad, la educación y las políticas sociales nos cuestan a todos los canarios 4.000 millones de euros, y el Estado nos ha asignado este año sólo 3.000. Hay un agujero de 1.000 millones de euros que debemos cubrir con financiación propia, detrayendo recursos de otros ámbitos e, insisto, condenando a toda la sociedad a un esfuerzo descomunal.

Hemos cuadrado los Presupuestos autonómicos de este año para amortiguar el impacto de una situación límite, pero no se puede pedir a Canarias que haga un esfuerzo de este calibre.

Hemos hecho los deberes. Hemos superado con la nota máxima el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cumplimos nuestros compromisos. Y sin embargo, ese esfuerzo –que venimos realizando desde el año 2008– no ha sido recompensado. Antes al contrario, somos la autonomía peor financiada.

Aspiramos, por tanto, a un sistema nuevo que nos haga justicia; que contemple nuestras singularidades como territorio insular y alejado del continente; que se ponga al servicio de una comunidad autónoma de dos millones de personas que está sufriendo como ninguna los golpes de la crisis.

Un sistema que no atiende a las diferencias no es un sistema justo, ni política ni socialmente. Si el Estado ha de tomar partido, ha de hacerlo por aquellos que más lo necesitan y por el territorio que más lo requiere, pues solo así se evitará una fractura social y territorial.

Las Islas necesitan una financiación diferente. Es necesario un modelo propio de financiación. Si Europa entiende que somos distintos, el Estado no puede ser menos. Debe dar ese paso para reconducir la situación.

Cataluña demanda un pacto fiscal. Canarias necesita, y con urgencia, un pacto con el Estado que articule un sistema de financiación específico, que quede al margen del marco autonómico general.

Con un sistema de financiación propio no tendríamos que adoptar algunas de las decisiones –duras– que hemos tomado en las últimas semanas.

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