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El juzgado dicta prisión para el interventor del Ayuntamiento de Arrecife

ACN PRESS.-El Juzgado número 5 de Fuerteventura dictó ayer prisión provisional para el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, tras declarar en ese Juzgado. Sáenz ha pasado la noche en la cárcel de Tahíche y está previsto que declare hoy en el Juzgado número 4 de Arrecife por esta causa. En Fuerteventura, a Sáenz se le acusa de blanqueo de capitales y cohecho.

Por otra parte, al ex concejal de hacienda de San Bartolomé, Javier Betancort, se le prorrogó anoche su detención y ha pasado la noche en la cárcel de Tahíche, hasta que se tome una decisión sobre él, después de que declare el propio interventor, Carlos Sáenz, que está previsto que pase a disposición judicial en Arrecife a lo largo del día de hoy y que declare esta tarde.

La operación suma un nuevo detenido, José Vicente Montesinos Ramírez, administrador de la empresa Tributos Oliva S.L y de Progestril, entre otras, que se dedicaba a servicios relacionados con la gestión de tributos y del catastro en municipios como La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé (Lanzarote). Montesinos tendrá que declarar hoy en el Juzgado 4 de Arrecife, ya que está implicado también en varios asuntos relacionados con los ayuntamientos de Arrecife y de San Bartolomé.

Finalmente, José Miguel Rodríguez, ex concejal de hacienda en Arrecife, fue puesto en libertad esta madrugada tras declarar en el Juzgado número 4, y está acusado de malversación de caudales públicos.

José Vicente Montesinos, administrador de las sociedades Tributos La Oliva y Progestril, entre otras, llegó a denunciar por la vía penal a los entonces alcaldes de San Bartolomé y La Oiva, Marcial Martín y Rosa Fernández, ambos del PSOE, según publicaba el diario La Provincia el 17 de agosto de 2009.

Montesinos está relacionado con la detención del interventor de ambos ayuntamientos, Carlos Sáenz, en prisión provisional, que lo fue en La Oliva entre 1998 y 2008 y en San Bartolomé a partir de 2001. Montesinos estaba ligado al Ayuntamiento de San Bartolomé al menos desde el año 2002, durante el mandato de Miguel Martín (CC) y tenía un contrato de servicios por el que realizaba la inspección de tributos, es decir se encargaba de comprobar que los tributos que pagaban las empresas se ajustaban a lo que debían pagar, así como a localizar morosos.

Recaudación

La empresa de Montesinos, Progestril, cobraba un porcentaje de lo recaudado. En 2007, el Ayuntamiento cambió de grupo de gobierno y entró como alcalde Marcial Martín (que ya había sido alcalde entre 1999 y 2000). El nuevo grupo de gobierno consideró que “no salían las cuentas”, según indica un miembro de aquella corporación, y que no se le debía nada, y el alcalde firmó un decreto por el que decidía no pagar, así como prescindir de los servicios de esa empresa. El empresario también cobrara una cuota fija periódicamente, según estas mismas fuentes, “que no estaba clara” y se decidió eliminarla.

El empresario, ahora detenido, reclamaba a San Bartolomé cinco facturas de 2007 que ascendían a algo más de 46.000 euros. Consideraba, en su denuncia, que ambos alcaldes estaban “obstruyendo premeditadamente el pago de deudas” y acusaba a Martín de prevaricación y cohecho y a Fernández de prevaricación. Afirmaba que había tenido que cerrar cuatro sociedades limitadas y una sociedad anónima y despedir a sus nueve empleados.

En La Oliva, la presunta deuda era de casi medio millón de euros. En el municipio majorero, la empresa Tributos La Oliva, administrada por Montesinos y creada en el año 2005, se dedicaba a la recaudación municipal. Se externalizó el servicio en el año 2006, con Claudina Morales (CC) como alcaldesa, si bien tan sólo dos años después se inició el expediente para rescindir el servicio porque no se estaba satisfecho con él. El expediente lo culminó la siguiente alcaldesa, Rosa Fernández, a quien denunció Montesinos.

Las denuncias no prosperaron. En ambos casos, las dos sociedades, Progestril y Tributos La Oliva, en las que sólo figura Montesinos como administrador, se crearon sólo unos meses antes de comenzar a operar con los ayuntamientos de San Bartolomé y La Oliva, coincidiendo en ambos con Carlos Sáenz como interventor municipal. Ninguna de las dos empresas cumplía con su obligación de depositar sus cuentas en el Registro mercantil.

 

Imagen: diariodelanzarote.com

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