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Los funcionarios de Canarias salen a la calle en defensa de los servicios públicos y el Gobierno los acusa de «romper» la negociación

ACN PRESS.-Más de un millar de funcionarios públicos han acudido esta tarde a las manifestaciones convocadas en defensa de los servicios públicos y contra las medidas aplicadas por el Gobierno de Canarias, como la reducción del cinco por ciento en los salarios de los trabajadores de la Comunidad Autónoma.

El portavoz de Intersindical Canaria (IC), Rafael Rodríguez, denunció el “ataque” de la Administración regional a los empleados públicos, que según dijo deriva en “un ataque del Estado del Bienestar” y explicó que el motivo de la protesta se centra en que “hay otra modo de recortar, ya que en tiempos de crisis hay que fortalecer los servicios públicos”. Al respecto apostó por una “multitud de iniciativas” de contención del gasto público, como la reducción de los asesores políticos, aunque añadió que “nos han hecho oídos sordos”, porque “donde está el dinero fácil para recortar es en el empleo público, lo demás es un entramado y está claro que políticos y asesores”.

Rodríguez explicó que los sindicatos de la Administración autonómica IC, Comisiones Obreras (CC OO), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (sepca) y Unión General de Trabajadores (UGT) decidieron abandonar la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias que debía celebrarse hoy en Las Palmas de Gran Canaria para que el Gobierno de Canarias informara sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas administrativas y de modificación de normas tributarias, porque “no están negociando con nosotros, está sencillamente informado de sus improvisaciones”.

“Nos parece lamentable que este Gobierno funcione de manera unilateral, cuando nosotros sabemos en muchos casos dónde están los problemas de la Administración y cómo solucionarlos”, apostilló.

El secretario de Sepca en el sector autonómico, Nicodemo González, dio por rotas las negociaciones, aunque no descartó que se vuelvan a retomar en el futuro. Reivindicó que las iniciativas de los sindicatos no se tuvieron en cuenta, además de la falta de información por parte de los responsables de la Institución canaria, que según dijo, no explicaron por qué en la ficha financiera que se trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el apartado de personal se reduce en 230 millones de euros, en vez de “los 130 millones que era lo que nos iban a quitar a los empleados públicos”.

González manifestó que “en ningún momento han actuado con transparencia” y rechazó el recorte de las retribuciones sin que se haya negociado previamente con los representantes de los trabajadores.Los representantes sindicales anuncian más movilizaciones debido al “enorme malestar de los empleados públicos, que demuestra que esto va a ir a más” y no descartan una próxima huelga general.

Críticas del Gobierno

Por su parte, el Gobierno de Canarias lamenta que los representantes de los empleados públicos que forman parte de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos hayan declarado “rotas las negociaciones” durante la tercera reunión convocada para estudiar y negociar el texto del anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

El Ejecutivo canario afirma en un comunicado que «ha sido receptivo a los criterios de las organizaciones sindicales en las cuestiones que mejoraban la redacción inicial de los artículos relativos a condiciones laborales de los empleados públicos, y que no ponían en riesgo el objetivo básico que persigue este texto legislativo: el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».

La tercera reunión de la Mesa General, convocada esta mañana, tenía como objetivo analizar con las organizaciones sindicales los cambios introducidos al texto inicial en las medidas relativas a la gestión de personal. Estas modificaciones recogen parte de las propuestas, sugerencias y opiniones que los sindicatos habían trasladado al Gobierno canario en las dos reuniones de la Mesa General celebradas con anterioridad, y en la reunión informativa del 18 de abril.

El Ejecutivo regional también «consideraba relevante contar con el parecer de las organizaciones sindicales para establecer el sistema de aplicación de la reducción salarial del cinco por ciento previsto en el texto legislativo, de la forma menos perjudicial para los empleados públicos». Siendo este otro de los puntos que ha quedado sobre la mesa tras la ruptura de las negociaciones declarada por los representantes sindicales.

El Gobierno explica que la reducción salarial general del cinco por ciento para todos los empleados públicos de la comunidad autónoma tiene un doble objetivo: «mantener el empleo público en la comunidad autónoma de Canarias y reducir el impacto de los recortes en la prestación de servicios públicos esenciales para los ciudadanos, ya que en estos servicios, el capital humano resulta básico para mantener la calidad de la atención que finalmente reciben los canarios (sanidad, educación, servicios sociales, etc)».

El Gobierno de Canarias asegura que «se ha mostrado en todo momento abierto a negociar con los representantes de los trabajadores públicos sobre los artículos del anteproyecto que afectan a las condiciones laborales». De hecho, el Ejecutivo ha sido «receptivo» con las sugerencias de los representantes sindicales, aportadas en las dos reuniones mantenidas con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General, celebradas el 7 de marzo y 20 de abril, y la de carácter informativo, celebrada el 18 de abril, «incorporando mejoras en el texto elevado al Consejo Consultivo».

Ante las peticiones sindicales, el Gobierno canario dice que «ha aceptado flexibilizar las condiciones propuestas en la primera redacción del anteproyecto de ley, como por ejemplo con la retirada de la propuesta de jubilación forzosa para el personal laboral; la reducción de complementos para el personal laboral informático; o la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de racionalización y distribución de empleados públicos, entre otras».

El Gobierno canario finaliza declarando que «mantiene su voluntad de diálogo con los representantes de los empleados públicos y expresa su disposición a retomar las negociaciones en el momento en el que las organizaciones sindicales se replanteen su posición de ruptura».

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