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Justicia social. Por Paulino Rivero

Ahora que los recursos son significativamente menores nuestra apuesta por la educación y la sanidad debe ser aún mayor si cabe.

Caen los recursos, pero crece el compromiso en la defensa de unos servicios públicos que en Canarias son más necesarios que en ninguna otra comunidad –no solo por nuestra compleja realidad territorial, sino porque en las Islas las rentas son más bajas-.

Ahora que algunas voces cuestionan y desprestigian la arquitectura del Estado del Bienestar, el Gobierno canario dice sí a la igualdad de oportunidades, a la cohesión territorial, a la justicia social y a tantos valores que tienen en los servicios públicos uno de sus mayores exponentes.

No estamos con quienes alimentan una estrategia de acoso y derribo de lo público. Ese no es el camino. Es precisamente ahora, cuando se multiplican los problemas, cuando con mayor convicción debemos defender los servicios que tienen los que menos tienen o los que no tienen nada. El compromiso con la parte más frágil de la sociedad debe estar en lo alto de la agenda de los gobiernos, pero no solo de las administraciones. Es y debe ser un compromiso de todos. Todos los esfuerzos son pocos cuando el objetivo es evitar el cierre de colegios u hospitales.

El esfuerzo que los canarios –todos- estamos haciendo no es menor. Y para dimensionar correctamente ese esfuerzo es revelador echar un vistazo a lo que está ocurriendo en comunidades autónomas mejor financiadas que la nuestra.

Baleares, por ejemplo, ha tomado la decisión de cerrar dos hospitales y despedir a 2.000 empleados públicos. Castilla-La Mancha ha abierto un proceso para la privatización de centros sanitarios, ha reducido hasta un 30 por ciento el gasto en hospitales y ha adoptado medidas drásticas en educación. Extremadura ha suprimido las consultas de tarde en atención primaria. Cataluña ha cerrado unidades asistenciales, e incluso ha propuesto el pago de cinco euros por día de hospitalización, además del despido de 1.500 empleados de sus empresas públicas y la implantación de una tasa sobre los estudiantes de ciclo formativo de segundo ciclo.

Cuando otros privatizan, nosotros apostamos por defender la sanidad pública porque creemos en un modelo justo y solidario, creemos que la solución no es enterrar el modelo sino mejorar su gestión, multiplicándonos en el compromiso de incrementar la eficiencia para hacer más o lo mismo con menos recursos presupuestarios.

No compartimos que se excluya de la asistencia sanitaria a los mayores de 26 años y a los desempleados, una medida -del Gobierno de España- que castiga a los enfermos y a los más desfavorecidos. Como tampoco compartimos que los pacientes crónicos y en diálisis paguen el transporte sanitario, como también se ha aprobado recientemente.

En Canarias los servicios públicos, su calidad y fortaleza, son un logro al que los canarios de hoy y mañana no deben renunciar. De ahí nuestra intención de procurar por todos los medios que no se debilite la calidad de la enseñanza. Mantendremos los recursos actuales -por ejemplo en los centros de Secundaria, donde se ofertarán varias modalidades de Bachillerato- y en Formación Profesional hemos ampliado los ciclos, de manera que en el curso 2012-2013 habrá cerca de 4.000 nuevas plazas. Con esta medida se pretende atender a la demanda creciente registrada en esta enseñanza en los últimos años, lo que supondrá la mejora en la oportunidad de obtener plaza por parte de los estudiantes, cubriéndose en su totalidad la oferta formativa presentada.

No acaba ahí el esfuerzo. En políticas sociales continuamos con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas porque entendemos que es el núcleo en el que se vertebran los servicios sociales comunitarios y la puerta de entrada a todo el sistema de protección. Basta apuntar que las corporaciones locales atendieron a un total de 481.147 personas que solicitaron los diferentes servicios que se desarrollan desde los Centros de Servicios Sociales municipales. Asimismo, lejos de disminuir o mantener las políticas de atención a la infancia, las impulsamos a través de subvenciones que en el año 2012 se han incrementado en un 6,25%, garantizando así los servicios públicos esenciales y servicios de atención a los niños y niñas.

Seguimos trabajando en la atención de las personas en situación de exclusión social a través de la Prestación Canaria de Inserción, dirigida a quienes se encuentran en situación de exclusión social, es decir, a quienes no tienen habilidades para incorporarse al mercado de trabajo, a los servicios de salud o a los educativos y necesitan que las administraciones les acompañen para que puedan tener las mismas oportunidades. El presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción se ha ido incrementando hasta los 20 millones de euros contemplados en el presupuesto de 2012 -ha beneficiado desde su creación en 2007 a 17.358 personas-.

Canarias, en definitiva, no puede permitirse las opciones que manejan otros. Siendo nuestro nivel de renta el más bajo, el esfuerzo por proteger a los más débiles debe multiplicarse. Esto obliga –desde el ámbito público y el privado- a un enorme ejercicio de solidaridad.

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