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El día después. Por Ana Oramas

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado sigue su trepidante tramitación en el Congreso de los Diputados sin que el Partido Popular haya cedido ni un ápice a la advertencia unánime del resto de los grupos parlamentarios sobre las consecuencias que tendrá la entrada en vigor de las cuentas diseñadas por el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

El día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los Presupuestos se traducirán en Canarias en menos empleo, menos inversión, el encarecimiento de la cesta de la compra y el deterioro de los servicios públicos esenciales, entre otros.

Un  Gobierno que dice que “hará lo que tenga que hacer, incluso lo que hemos dicho que no íbamos a hacer” ha ido mucho más allá en el caso de Canarias, la Comunidad Autónoma con la segunda tasa de paro más elevada del Estado, al aplicar en su severa política de ajustes los mismos parámetros que para la España continental.

El Gobierno ha obviado -más allá de los derechos que son intocables-  que Canarias necesita, por razones tan evidentes como la lejanía, la insularidad y su condición de región ultraperiférica, un tratamiento diferente. Lejos de tener en cuenta estos condicionantes, ha aplicado un ajuste en las Islas que es 18 puntos superior a la media aplicada en todo el Estado.

Humillante es que, veinte años después, nos vuelvan a reclamar el certificado de residente pese a que el Gobierno cuenta con mecanismos telemáticos suficientes que permiten cruzar datos y acreditar la residencia. Una medida que, además, ha aprobado unilateralmente sin consultarlo previamente con la Comisión Mixta de Transportes Estado-Canarias.

Injusto es que Canarias reciba 134 euros por habitante frente a los 265 euros de media y los 600 euros de Castilla-León o Galicia. Dos Comunidades en las que, además, la tasa de paro es muy inferior a la que existe en las Islas.

Abusivo es que los ciudadanos del territorio con la cesta de la compra más elevada de España se vean obligados a pagar más por la reducción de la subvención al transporte de mercancías o para la desalación de agua. No sólo se trata de un hachazo para el sector industrial y primario, que deberá pagar más para importar y exportar sus productos, sino un duro golpe para las economías familiares.

Dramático será ser testigo de cómo la cancelación o reducción de los convenios de carreteras, infraestructuras turísticas y educativas y obras hidráulicas supondrán la rescisión de entre 5.000 y 6.000 contratos laborales.

Y triste, muy triste, será ver cómo se suprimen los planes de empleo, que son vitales para seguir luchando contra el paro.

Los efectos colaterales de las cuentas trazadas por Rajoy alcanzan incluso a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se ha visto obligada a aplicar un nuevo ajuste que nos alejará aún más del resto del Estado ya que los recortes agrandarán la brecha social y económica que existe entre las Islas y la Península.

Pese a que se baraja que Bruselas relaje el objetivo del déficit, no cabe esperar que haya un cambio de postura en el que recorrido que le resta a los Presupuestos en el Congreso y el Senado. Las cuentas seguirán intactas pese a que no garantizan –ni de lejos- la sostenibilidad social y económica de un territorio fragmentado y ultraperiférico. Y todo ello con la connivencia de los nueve diputados canarios del PP y sus ocho senadores.

Y dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que éstas son las cuentas que necesita Canarias. Es decir, que las Islas, según el Gobierno, necesita más paro, menos economía, que los ciudadanos paguen más y que los servicios se deterioren. ¿Qué será lo próximo que haga Rajoy y que dijo que no haría?

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