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Corrales exige al gobierno capitalino que adapte el PGO a la legalidad tras la denuncia de la Fiscalía

ACN PRESS.-El portavoz de XTF-Por Tenerife (Izquierda Unida- Los Verdes- Socialistas x Tenerife) José Manuel Corrales afirma en un comunicado que, tras la denuncia de la Fiscalía, «el gobierno municipal de CC-PSOE debe reformular el Plan General de Ordenación  de la capital tinerfeña (PGO) para adecuarlo a la legalidad, y restablecer todas las garantías.»

El concejal de XTF señala que es «muy preocupante los presuntos 11 casos de trato de favor que contiene el PGO de Zerolo», tal y como se plasman en la denuncia realizada por el Ministerio Fiscal, «y resultaría temerario seguir adelante ante esta situación.»

Corrales pregunta al gobierno municipal «qué sabe de esta causa penal general contra el Plan General de Ordenación, que anularía cualquier posibilidad de sacarlo adelante, si no se quiere profundizar aún más en las irregularidades detectadas.»

Según diferentes informaciones periodísticas, confirmadas por fuentes de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Santa Cruz, se han detectado hasta 11 supuestas ilegalidades y tratos de favor en el planeamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Según estas informaciones, la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el Plan General de Ordenación (PGO) apunta a la posible comisión de los supuestos delitos de falsificación de documento público, contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias.

En el relato de la denuncia aparecen involucrados de una forma u otra la ex concejal de Urbanismo, Luz Reverón (imputada también en el caso Mamotreto), el gerente de Urbanismo, Eduardo Risueño y el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes (también imputado en el caso de Las Teresitas) y otros funcionarios y técnicos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), entre otros.

Fuentes de la Fiscalía apuntan que aún no existe una lista de imputados ya que la investigación no ha concluido y se está a la espera de realizar determinadas diligencias y se ha requerido al Ayuntamiento una serie de documentos que aún no le ha sido facilitada.

Será al final de estos trámites cuando comenzará la ronda de declaraciones en calidad de imputados o testigos.

Corrales señala que el gobierno municipal «debe facilitar y no obstaculizar el trabajo de investigación judicial, ya que se presupone un entramado extremadamente complejo».

«Un dato que ha sorprendido del contenido de la denuncia es la contundencia de las conclusiones a las que llega la fiscal y que se concretan por ahora en hasta once casos de supuestas ilegalidades y tratos de favor», afirma.

También considera «muy llamativo la posible vinculación de técnicos de la Cotmac aunque aún no ha trascendido en qué grado y hasta qué punto». En este caso, «estarían relacionados con el supuesto delito de prevaricación al haber sido conscientes de las ilegalidades del documento pero sin embargo haber intentado sacarlo adelante».

Según esas informaciones periodísticas «el grueso de los hechos se remontan a finales del año 2009 y principios de 2010 cuando el Ayuntamiento pretendió aprobar por segunda vez de forma definitiva el PGO y para ello celebró dos sesiones plenarias cuando más arreciaban las protestas en la calle ante la aparición de miles de viviendas situación de fuera de ordenación».

Tras el envío de la documentación a la Cotmac la policía judicial por orden de la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente se personó en la sede de la Consejería de Política Territorial en el edificio Usos Múltiples I en varias ocasiones para requerir determinada documentación.

La fiscal jefa, Carmen Almendral, ha afirmado según estas fuentes periodísticas, que hasta el pasado miércoles no se le había facilitado aún una lista de imputados ya que se estaba a la espera de culminar determinadas diligencias.

La denuncia suma los 122 folios a lo largo de los cuales se hace un pormenorizado y muy contundente repaso de los hechos ocurridos durante aquellas fechas cuando circularon diversas versiones del PGO. Las diferencias quedaban en evidencia por las variaciones en el tamaño de cada uno de los soportes digitales analizados.

Hechos, «que al parecer han sido constatados, según la querella, por la división informática de la policía judicial.»

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