FIRMAS Salvador García

Siempre perdemos los mismos. Por Salvador García

‘Tranquilos, queda dinero para Rato’, circula por redes sociales una foto de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ante un cupo de micrófonos y con esa frase escrita atribuida. No la dijo, evidentemente, al menos en público, pero rula como un chiste fácil, se diría que inevitable, tras conocerse la renuncia del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que no tiene suerte, desde luego, con su gestión al frente de entidades financieras (recuérdese su salida del Fondo Monetario Internacional, FMI).

Bromas aparte, y a la espera de conocer los contenidos del decreto que prepara el Gobierno para salvar a Bankia y sanear el sistema financiero español, hay que tener muy claro que el ejecutivo ha de garantizar que las pérdidas para sanear los bancos las paguen éstos y no los ciudadanos.

Son tantos los casos de mala administración bancaria sin penalización; de indemnizaciones millonarias a directivos responsables de horrendas gestiones; de maltrato a clientes hasta el abuso; de desinformación… Son tales las suspicacias que despiertan los anuncios de amnistía fiscal para hacer aflorar, supuestamente, fraudes y economía sumergida así como de sospecha de evasión de capitales, que las circunstancias que concurre en la crisis de Bankia -crisis con intríngulis políticos, sin duda- despiertan más recelos en todo lo que rodea a la banca que ve acentuado su mal cartel, que ve cómo sigue flaqueando su credibilidad.

Papeleta, pues, para el Gobierno de Rajoy. La interpretación más llana: si hay dinero público para la banca, ¿cómo es que no lo hay para sanidad y educación? Tanto que se habla de inyecciones, ¿por qué no las hay para sectores que están sufriendo consecuencias de restricciones que inciden, por ejemplo, en forma de supresión de servicios o incremento de tasas de matriculación universitaria?

Habrá que estar atentos entonces a la solución gubernamental que se espera, es decir, si el Estado no puede desentenderse de la situación de un banco, hay que ver en qué condiciones se produce la intervención del ejecutivo para proteger los ahorros de miles de personas, para impedir la alarma social y para frenar cualquier síntoma de debilidad del conjunto del sistema financiero.

¿Quién paga esa intervención? El tópico de la pregunta del millón es recurrente. O pagan los ciudadanos o pagan los bancos. Los primeros no tienen culpa, luego deben asumir responsabilidades quienes han gestionado las entidades financieras.

Pero, bromas de dinero para Rato aparte, la cosa huele tan mal que todo hace sospechar que, una vez más, se cumplirá el dicho: siempre perdemos los mismos.

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