ACN PRESS/Elblogoferoz.-El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la adjudicación a Videoreport Canarias en junio de 2008 de la producción de programas de contenido informativo para la Televisión Autonómica de Canarias.
Los tribunales dan la razón doblemente a la Sociedad Canaria de Televisión Regional, SA (Socater), que prestaba ese servicio con anterioridad y presentó sendos recursos contra la decisión de Televisión Pública de Canarias, SA (TPC) de declarar desierto el concurso y la posterior de adjudicárselo a Videoreport.
Acabado el plazo de prestación del servicio por parte de Socater, la Televisión Canaria convocó un nuevo concurso al que concurrió únicamente Socater. La decisión de la Autonómica fue declarar desierto el concurso, lo que motivó el primero de los recursos de Socater.
La magistrada-juez Esperanza Ramírez, en sentencia emitida el pasado 20 de abril, entiende que hay motivos para anular la resolución por la que se declaraba desierto el concurso y condena a la Administración a seguir adelante con «la tramitación del procedimiento de contratación» cuya única licitadora es Socater.
Tras declarar desierto el concurso, la Televisión Pública de Canaria inició un nuevo procedimiento negociado con publicidad. En resolución de 14 de junio de 2008, adjudicó los programas informativos a Videoreport Canarias S.A.
Este proceso provocó el segundo de los recursos interpuesto por Socater, en coherencia con la anterior medida judicial tomada por la empresa contra la decisión de la Administración de declarar desierto el proceso de nueva adjudicación.
En su escrito, en el que se demandaba a la Comunidad Autónoma de Canarias y Videoreport aparecía como codemandado, Socater entendía que existían varias razones para anular la adjudicación. Entre ellas, que Videoreport carecía de la clasificación que se exigía en el pliego de condiciones establecidas para el concurso y la modificación sustancial «en el procedimiento negociado de los términos del contrato».
La decisión de la adjudicación se basó en el informe de una empresa «expresamente contratada» para ello. Por último, Socater detectó «una desviación de poder». En sentencia de 23 de abril, de nuevo la magistrada-juez Esperanza Ramírez otorga la razón a le empresa demandante y declara nula la adjudicación de los servicios informativos a Videoreport Canarias, SA.
Contra ambas resoluciones cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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