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Las claves de la reforma tributaria canaria

ACN PRESS.-El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno un incremento de los impuestos, además del establecimiento de nuevas figuras impositivas, incluido en la modificación del anteproyecto del Ley de medidas administrativas y de normas tributarias que elevará al Parlamento con carácter “urgente” y que entrará en vigor en julio.

A continuación se explican las principales líneas de actuación anunciadas hoy por el Gobierno regional.

IGIC

El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con cuyo incremento el Ejecutivo regional planea obtener 118 millones de euros, subirá el tipo general desde el cinco por ciento actual, al siete por ciento; el reducido del dos por ciento pasa al tres por ciento y eleva medio punto los vigentes del nueve y el 13 por ciento. Los artículos de primera necesidad se mantienen a tipo cero y se suprimen algunas bonificaciones fiscales como la establecida para la telefonía móvil. La modificación del IGIC permanecerá vigente durante los próximos tres años, según dijo González Ortíz, en una rueda de prensa posterior al Consejo celebrado hoy en Santa Cruz de Tenerife.

IRPF
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, (IRPF), el Consejo acordó el aumento de la zona alta, de forma que las rentas superiores a 53.000 euros al año el tipo pase de 21,5 al 22,58 por ciento. Además de limitar a las rentas menores algunas deducciones del impuesto, como los gastos por estudio, por traslado de residencia, nacimiento o adopción. Una medida que «no tendrá efecto en 2012» aunque sí posteriormento, señaló González Ortíz.

Impuesto de Sucesiones

El Gobierno canario vuelve a establecer el impuesto de sucesiones y donaciones con el que prevé recaudar 25 millones de euros. Asimismo, aumenta el gravamen sobre el combustible, exceptuado gasóleo profesional, que en el caso de la gasolina sin plomo 98, pasará del 0,23 euros por litro, al 0,285; en la sin plomo 95 del 0,21 al 0,26; y en el gasoil del 0,10 al 0,20; con lo que estima percibir 90 millones de euros.

Nuevas figuras impositivas

Se establecen dos nuevas figuras impositivas. El impuesto sobre depósitos a entidades financiares por el que se estima una recaudación de 30 millones de euros y el de grandes superficies, por el que la Administración regional estima ingresar 10 millones de euros. Dichas entidades abonarán 11 euros por metro cuadrado, a menos que las instalaciones alcancen el tamaño de un centro comercial, en cuyo caso pagarán 13 euros por metro cuadrado.

Además, el consejero explicó que se crean determinadas tasas para “intentar trasladar costes de los servicios públicos no esenciales a aquellos que lo solicitan”, en referencia a las comprendidas en la búsqueda de salvamento y rescate en las situaciones en que la responsabilidad sea “por imprudencia de la persona que provoca la situación”. También se implantan nuevas tasas que tienen que ver con mediadores de seguros, por conservatorio, por dirección e inspección de obras y se actualizan e incrementan en los puertos.

Salarios y jubilaciones

El paquete de medidas contempla un ahorro en el Capítulo I de Gastos de Personal de 200 millones de euros. Aunque no se contemplan despidos, la Administración regional establece la reducción del cinco por ciento en el salario de los 62.000 trabajadores públicos para el 2012, un porcentaje del que un 2,4 por ciento corresponde a la paga extra de diciembre y el resto se actualizará mensualmente desde su entrada en vigor. Además, establece la edad de jubilación del personal en los 65 años, cuando hasta ahora se podía pedir una prolongación hasta los 70 años.

También recoge el texto otras reducciones, como la cuantía del complemento específico singular de la Policía Autonómica y el personal informático, o la extinción del 13 por ciento de las plazas de personal eventual, lo que supone un total de 14 puestos.

El Gobierno, en el anteproyecto de ley, se hace eco de lo expresado por cabildos y ayuntamientos para la traslación de este mismo recorte a los empleados públicos de todas las administraciones locales (cabildos y ayuntamientos). De igual modo, prevé la aplicación de esta reducción a los docentes de las universidades canarias y a los profesores de la enseñanza concertada. Estas reducciones no se aplicarán al personal que cobre menos de 13.469,4 euros al año, cantidad que equivale al 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

 Cierre de La 2 de RTVC

En las transferencias corrientes estipula una reducción de 30 millones de euros, en el gasto corriente de 80 millones, y en el “resto de políticas”, que son “múltiples”, aunque cuya aplicación no fue concretada por González Ortíz, el ahorro será de 240 millones. El último aspecto afecta a medidas como la lucha contra el fraude fiscal y una reducción del 20 por ciento en el gasto de los contratos externos de Radiotelevisión Canaria, así como el posible cierre del segundo canal de la Televisión Pública.

Reducción de la Adminitración

Debido al recorte del 12 por ciento que se aplicará al presupuesto aprobado en las Islas para 2012, que ascendía a 6.800 millones de euros, el Gobierno canario incluye en el anteproyecto de ley la supresión de cuatro centros directivos y la extinción de nueve órganos de consulta y gestión.

Además, la Administración refundirá en un único organismo tres centros de formación: el Instituto Canario de Administración Pública, la Academia Canaria de Seguridad y a la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias. Una iniciativa que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, presente en el encuentro, calificó como “una línea que continuará en las próximas fechas” y que se centra en “evitar duplicidades competenciales”.

González Ortiz y Hernández Spínola, confiaron en que los canarios “entiendan” la subida de impuestos, que achacaron a la reducción de 800 millones de euros de las partidas destinadas al Archipiélago en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los consejeros no confiaron en que las cuentas mejoren para las Islas en el proceso parlamentario.

“Sabemos el sacrificio que implican estas medidas” dijo Spínola, que pidió «comprensión». Una “injusticia” y unas medidas «duras y difíciles», según reconocieron, que coloca a Canarias con una “financiación insuficiente”, denunció Spínola, que explicó que las medidas “asumibles por el conjunto de la sociedad”, han sido adoptadas para “garantizar unos niveles aceptables” en Sanidad, Educación y los Servicios Sociales.

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