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Rojas afirma que la inspección realizada en el centro de menores de Valle Tabares «está dentro de la normalidad»

ACN PRESS.-La visita de inspección conjunta entre el juzgado de menores número 1 de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía de Menores, auxiliados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se realiza como una actuación más dentro de un expediente informativo”, según afirmó hoy en comisión parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno regional, Inés Rojas, donde compareción para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en el Centro de Valle Tabares el pasado jueves 1 de marzo, cuando se produce una inspección en el centro de internamiento a instancias de la juez del juzgado número uno y dos de menores de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía de Menores.

“A día de hoy, la dirección general de Protección del Menor y la Familia no ha recibido notificación oficial del resultado de la inspección, pero en declaraciones públicas del Fiscal de Menores realizadas el martes 6 de marzo, en el registro los policías, entre ellos la unidad canina de la policía, y funcionarios judiciales, no hallaron ni móviles, ni pinchos, ni armas blancas, tan solo algún resto de hachís y una pipa para fumar dicha droga”, aclaró Rojas.

Según explicó la consejera, “un expediente gubernativo o informativo debe ser considerado un procedimiento habitual llevado a cabo por quien inspecciona un centro y precisa llevar a cabo actuaciones complementarias para obtener mayor información o bien para esclarecer determinados asuntos relacionados con la gestión del centro”.

En este sentido, aclaró Rojas, “el expediente gubernativo 1/2012, de 1 de marzo, se abre por parte del juzgado de menores número 1 de Santa Cruz de Tenerife en fecha de 1 de marzo de 2012, previamente a la visita al centro pues en el momento de iniciarse la misma se hace entrega a la dirección del centro de un requerimiento de documentación en el seno del citado expediente ya abierto”.

Documentación
“Por lo tanto, el expediente no se abre con motivo del resultado de la inspección del centro”, indicó. “En dicho requerimiento se solicita documentación ordinaria del centro sobre los aspectos generales como las Circulares de la Fiscalía, la relación de menores y su distribución, personal adscrito, protocolos de actuación en caso de emergencia, formación de los menores, atención socio – sanitaria, etc”, afirmó Rojas, “y es precisamente en ese ámbito, el de la detección de posibles sustancias tóxicas, en el que la dirección general de Protección del Menor y la Familia había interactuado con la fiscalía. Nos preocupaba y nos sigue preocupando la posibilidad de entrada de droga en Tabares”.

“De hecho, Tabares es uno de los pocos centros de España que cuenta con una unidad terapéutica con un programa libre de drogas para combatir este tipo de adicciones que son las causantes de la mayor parte de los delitos cometidos por menores de edad, con el objeto de reinsertar a los jóvenes y que no vuelvan a reincidir en la consecución del delito”, matizó.

“Estamos hablando de un centro en el que el 90 por ciento de los internos están en un régimen de internamiento semiabierto. De los 104 jóvenes a fecha de febrero que estaban cumpliendo medidas, siete lo están en régimen de internamiento cerrado y el resto, 93, lo hacen en régimen de semiabierto, esto significa que salen y entran todos los días a realizar actividades formativas, escolares, algunos laborales e incluso actividades deportivas o lúdicas. También se reciben visitas de familiares y amigos e incluso hay encuentros bis a bis para los mayores de edad”.

En este punto, Rojas recordó que “la ley de responsabilidad penal de los menores y su reglamento impide a las entidades públicas que tenemos que ejecutar las medidas judiciales, la realización de determinados registros. Además, existen una serie de controles para los cuales la entidad pública no está habilitada, por lo cual deberá solicitar autorización judicial y en su caso recabar el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

“Y en ese marco de colaboración con la fiscalía, habíamos expresado en muchas ocasiones la necesidad de una actuación preventiva de inspección por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y concretamente de la Unidad Canina para detectar si estaba entrando droga en el centro. Precisamente porque este tipo de inspecciones sólo se puede realizar a iniciativa de la administración de justicia. Por tanto, el Gobierno entendía, y sigue entendiendo que la inspección se realiza en ese marco de esa colaboración que siempre ha caracterizado las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno en el ámbito del cumplimiento de medidas judiciales, cada uno, por supuesto en el marco de sus competencias”.

“Por tanto, las inspecciones de centros de internamiento por parte de las autoridades judiciales de menores y de Fiscalía de Menores se incardinan en la regularidad de sus funciones, y en su caso, el auxilio que acuerden de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como mecanismo de control encuentra igualmente su habilitación y regularidad en estas leyes mencionadas», enfatizó.

“En definitiva, la inspección realizada el 1 de marzo entra dentro de la normalidad de los diferentes actores que concurren en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales, como son juzgados de menores, fiscalía de menores, entidad pública, en este caso la dirección general de Protección del Menor y la Familia y la Fundación IDEO”, manifestó.

“Lo que la diferencia es que se produce después de varias semanas de presión mediática sobre el centros por denuncias anónimas a los medios de comunicación y su efecto multiplicador pero he de decir que, a fecha de hoy, no existe constancia oficial de levantamiento y entrega del acta de visita ni del resultado de la misma, ni que se haya cursado requerimiento posterior como consecuencia de la visita lo que parece indicar que del resultado de la misma no se ha desprendido cuestión alguna de trascendencia para instar mayores requerimientos”, concluyó.

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