El Gobierno de España ha implantado medidas de austeridad en tiempos de crisis. Evidentemente, por cuestión de cortesía, el Ejecutivo central no puede meterse a ordenar la vida de las autonomías, pero sí que es verdad que como padre de esas ’hijas’ ya creciditas aún tiene alguna responsabilidad en el comportamiento de éstas y, sobre todo, ejercer un cierto control para que no se disparen ni se disparaten en el gasto público, sobre todo porque será al final papá Estado quien, de manera civil subsidiaria, tenga que responder por los excesos de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo de Rajoy, desde que éste tomó posesión, sugirió a las autonomías, sobre todo a aquellas que tenían querencia a despilfarrar en pseudoembajadas, oficinas consulares y despachos de ultramar que podían ahorrarse sus buenos eurillos en utilizar las instalaciones que para tal fin tiene España en sus embajadas. Cataluña, por ejemplo, ya dijo que nones, que ellos, por su carácter peculiar, no iban a renunciar a su identidad singular y que, prometiendo un cierto control del gasto, al final mantendrían abiertos sus peculiares chiringuitos diplomáticos, aunque su utilidad acabe desde el mismo momento en que un turista catalán tiene problemas en Egipto, por poner un simple ejemplo.
Por eso, es de agradecer la postura adoptada por el Gobierno de La Rioja, con su presidente a la cabeza, Pedro Sanz, de aceptar la propuesta española de que las comunidades autónomas usen las dependencias estatales en el exterior para poder atender a los ciudadanos de la región que se encuentran de visita en el extranjero. En el caso riojano, la Oficina de La Rioja en Bruselas pasará a integrarse en la sede de la Embajada española.
La decisión supone, con los números en la mano, un ahorro de entre 40.000 y 45.000 euros al ahorrarse el alquiler de la sede de la actual oficina. Está claro que eso de tener representación de tu comunidad fuera de España pinta y viste mucho, pero políticamente es mucho más correcto y plausible velar por la inversión que se hace de cada céntimo público y si a los riojanos se les ahorra esa cantidad (algunos pueden creer que se trata del chocolate del loro), pensemos lo que podría ser en el caso catalán, con pseudoembajadas y oficinas a troche y moche.
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