La lógica es muy astuta, especialmente en manos de quienes buscan postulados, asociaciones, analogías, oposiciones y simetrías para sacralizar su propia doctrina. Se trata de eso, de ir al encuentro de la Idea, la gran idea exclusiva, a través de explicaciones tramposas que impongan un orden. Nada mejor entonces para alcanzarla que volver el pensamiento del revés como se le da la vuelta a un guante. Es lo que viene haciendo el Partido Popular también con respecto al derecho al aborto. Pretende eliminar este derecho en nombre de una defensa sui generis de la maternidad.
En esta línea se ha expresado recientemente Gallardón, quien ha dicho que, frente al derecho a la interrupción del embarazo, el PP va a decir que las mujeres tenemos derecho a la maternidad. Un derecho que, bajo la ley de supuestos que propone el Gobierno del PP como alternativa a la vigente ley de plazos, excluye de golpe el derecho de las mujeres a no ser madres. Por tanto, el derecho a la maternidad se torna, bajo la mirada del PP, en deber de las mujeres de cargar con un embarazo y un hijo no deseados.
Aunque el Ejecutivo popular subraye que no va a retroceder ni en la defensa de los derechos de la mujer ni tampoco en la del derecho del concebido y no nacido, su propuesta jurídica entraña un conflicto irresoluble entre ambos propósitos. Primando, además, el PP la sagrada protección del óvulo fecundado, arrebata a las mujeres nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Da la espalda, por otro lado, a la realidad de la práctica del aborto, porque, de ser este ilegalizado, condenaría a las mujeres a realizarlo en clandestinidad.
Las mujeres que disponen de recursos viajarán a otros países para abortar y la mayoría femenina no pudiente se verá abocada a practicarlo en unas condiciones miserables bajo las que podrían peligrar sus vidas.
No se entiende tampoco que el PP quiera criminalizar el aborto y afirme a la vez que ninguna mujer que interrumpa voluntariamente el embarazo irá a la cárcel. ¿En qué quedamos?
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