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COMUNICACIÓN. Ana Oramas presenta una iniciativa para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse en programas de televisión

Elblogoferoz. La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión.

Oramas pide que el Gobierno “inicie los cambios normativos precisos, bien por modificación de la Ley de Televisión Privada y la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, o por su desarrollo reglamentario, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados”.

En la misma iniciativa, plantea también que se “estudie la posibilidad de que esta prohibición  de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado”.

Oramas expone que “la controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello”.

La diputada nacionalista enumera en su iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y subraya que  “todos ellos supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos  a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas”.

Se da así la circunstancia de que medios televisivos  que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”, agrega la diputada canaria.

 

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