La crisis económica monopoliza el debate público. Las carencias laborales y la escasez de recursos de los ciudadanos, junto a la reducción del déficit, centran las medidas gubernamentales. Por eso conviene destacar aquellos aspectos que corren el riesgo de perder protagonismo en las acciones políticas ante la gravedad de la crisis.
En primer lugar, la sociedad española no está dispuesta a renunciar a la libertad y la dignidad de la persona, en el marco de una Nación única pero plural y diversa, de ciudadanos libres e iguales, caracterizada históricamente por su tradición humanista cristiana, y que ha consagrado tanto el derecho a la vida y el respeto a la autonomía política, cultural, económica y religiosa, como la solidaridad y el servicio a los demás. La crisis no debe ser una excusa para aplicar dirigismos, así que los entes locales y las comunidades autónomas deben facilitar el desarrollo de estos principios frente a quienes pretenden imponer su propio modelo de valores. La Constitución marca un completo catálogo de derechos individuales al respecto.
Del mismo modo, la independencia del poder judicial mediante la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial es imprescindible, como tampoco son temas menores impedir la instrumentalización de la Fiscalía General del Estado, garantizar la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional, obligar a los gestores públicos a responsabilizarse de las decisiones que contravengan la racionalidad hipotecando el futuro de la sociedad, y reforzar los controles internos de los propios partidos políticos para evitar conductas personales poco éticas o que sólo persigan sus propios intereses (ya sean estos económicos o un mero afán de protagonismo).
Por otro lado, es necesario recordar ante la previsible derrota de ETA que la amnistía y la impunidad no tienen cabida en la Constitución y son incompatibles con el fortalecimiento y el prestigio de la democracia. El afecto, respeto y reconocimiento político a las víctimas del terrorismo, obliga a que sean reconfortadas comprobando que ETA no alcanza los objetivos por los que asesinó a sus familiares. Ni un paso atrás en la lucha contra el terrorismo, ni una sola medida apaciguadora que impida la visualización de quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos.
Y por último, la educación está para formar ciudadanos libres, iguales y preparados. Pero ello no es óbice para perder de vista que es la familia la institución básica de la sociedad.
Ángel Llanos. Ex portavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz
Añade un comentario