Poco duró la alegría vocinglera de quienes jalearon, con entusiasmo digno de mejor causa, la supuestamente formidable operación de la compraventa de deuda pública española, en cantidad y en calidad de precio. De la noche a la mañana, los mercados se hicieron buenos y se rindieron a Rajoy, poco menos, según su teoría, que convertido en un rey Midas.
Llegó una agencia y mandó a parar. Entonces, la prima de riesgo volvió a subir y el gozo, al pozo. Uno, sin ser versado en estas materias, ya ha aprendido que suele ocurrir: cada vez que hay operaciones de deuda pública, fruto de venta indiscriminada en mercados secundarios para hundir los precios y luego comprar a otros más altos, la dichosa prima, que debe coquetear con cualquier avispado, se dispara.
Es decir, los especuladores siguen a lo suyo. Se dan todas las condiciones para que sigan haciendo el agosto, el enero y lo que se tercie. En la inocencia y en la ignorancia, cabe preguntarse si no hay un Código Penal que frene estos comportamientos, de los que alguien se beneficia, desde luego. Ya está bien de especulación financiera, ya está bien de esa falta de escrúpulos que, además de reprobación moral, sólo merece condena penal. A ver si cortan, los muy esquilmadores.
Pues el Código existe pero no creemos que se aplique. Hay penas de prisión para quienes alteran precios de títulos o valores financieros, obtengan pingües beneficios y, lo que es más, causen daños graves a los intereses generales.
No ha pasado nada, que se sepa. Los especuladores, a continuar con lo suyo. Y los corifeos, a repartir incienso mediático. Y el pueblo, a jorobarse, que las reglas del capitalismo ya se conocen. Alguien tendrá que poner coto a estas situaciones. ¿Acaso la Fiscalía?
Buena pregunta. Si se estrenara su titular con una investigación sobre el particular, ya estará justificado su nombramiento.
Y es que ciertos tipos delictivos no van a estar en el Código como meros adornos, ¿verdad?
Salvador García Llanos
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